Las dimensiones del aparato represor del Estado: protección vs. control

Sea que nos cuide como un ogro celoso o como un padre amable y atento, el problema siempre se halla en la «cantidad de Estado» (o de herramientas de coerción) que nuestro protector utiliza para llevar a cabo su suprema tarea tutelar.

En este aspecto, el Gobernador de Salta compite abiertamente con el Señor del Milagro, aunque por debajo de la mesa, parece que el mandatario hubiera anudado un acuerdo secreto con el Arzobispo, para que la divinidad se ocupe de protegernos de los terremotos y la autoridad temporal se encargue de la delincuencia organizada. Por eso, cuando en Salta se habla de «patronos tutelares», nadie sabe bien si se refieren a las Sagradas Imágenes, al Gobernador que hace las veces de Big Brother, o al mismísimo Güemes, que, con la diestra a modo de visera, otea permanentemente el poniente para ver si algún maleante se descuelga de la loma para amenazarnos.

Ben Ansell, joven profesor de Instituciones Democráticas Comparadas del Nuffield College de la Universidd de Oxford, nos alerta de lo que él llama «la trampa de seguridad» y que se podría simplificar diciendo que no podemos evitar la anarquía sin arriesgarnos a la tiranía.

Esto lo saben muy bien los que gobiernan, que aprovechan el miedo individual y colectivo al caos, la anarquía y la inseguridad para desarrollar aparatos «de protección» que muy rápidamente se vuelven en contra de nuestras libertades.

Sucede claramente en Salta, con su policía sobredimensionada, ingobernable y muy probablemente también enferma de corrupción interna, por sus lazos -todavía no suficientemente revelados- con el crimen organizado.

Recientemente, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, alertó sobre el desafío que enfrentan los fiscales que luchan contra las mafias, que ya no solo están estacionadas en las fronteras, que muchas veces se disimulan detrás de fachadas «institucionales» y que difícilmente podrían operar con éxito si no es con la complicidad de alguna parte podrida del entramado estatal.

Suerte tienen los salteños de que al frente del Ministerio de Seguridad se encuentre un hombre sensato, convencido del valor de las libertades, como lo es Marcelo Domínguez, que sabe perfectamente -y así lo está demostrando- que la hipertrofia del aparato policial en Salta no contribuye a disminuir la inseguridad sino que la incrementa.

El que también lo sabía, pero que operaba en la dirección exactamente contraria, era el exministro Abel Cornejo, quien al parecer se había grabado en la frente la frase de Ben Ansell que dice que «si estamos siendo protegidos, cualquier fuerza lo suficientemente poderosa como para protegernos también lo será para controlarnos».

La pandemia del COVID19 y las restricciones a los movimientos humanos en Salta, como en muchas otras partes del mundo, demostraron hasta qué punto el aparato de «protección» puede llegar a reducir nuestras libertades al mínimo, sin apenas control de los interesados. Durante aquella etapa felizmente superada, el ministro Cornejo se esmeró en controlar y, con la excusa de proteger, logró que el Gobernador sancionara una norma de urgencia para castigar con la cárcel a los que desobedecieran las órdenes de restricción de movimientos.

Conocemos los desgraciados efectos de la «protección» pero no tanto los de la anarquía, que generalmente damos por descontado que son sumamente negativos (aunque no sabemos si tanto como los de la obsesión protectora). Este es uno de los motivos -creo yo- por el que muchos compatriotas se sienten inclinados a votar las alocadas propuestas de Javier Milei.

No creo que ni un quinto de lo que propone este candidato sea razonable o positivo para nuestra democracia y para nuestra libertad; pero construir un cordón sanitario alrededor de él y considerar poco menos que una herejía votarle, como están haciendo algunos, es lo menos democrático y respetuoso de las libertades que he visto.

No sé si es que estoy acostumbrado a otros escenarios electorales, pero me resulta sumamente extraño que cámaras legislativas, municipalidades enteras, colegios profesionales, entidades científicas, agentes económicos y otras organizaciones colectivas llamen, en bloque y concertadamente, a votar por un candidato o a votar en contra de otro. Como dice el viejo chiste del león y el lisiado que huye de él en una silla de ruedas en medio de una multitud, dejen que el león elija.

Se pregunta Ben Ansell: «¿Por qué la gente no puede votar a un partido de extrema derecha si así lo desea?». Pienso que todos, cualquiera sea la opción que elijamos, ahora o en el futuro, deberíamos hacernos la misma pregunta. Está claro que la extrema derecha amenaza la democracia, pero más lo hacen todavía aquellos pacifistas que piden el paredón para los fachos, e, incluso, los que simplemente pretenden que se los expulse del campo de juego.

Deberíamos preguntarnos también si el estímulo de la responsabilidad cívica que acompaña el recto ejercicio de las libertades no será también una buena forma (más barata y efectiva) de protegernos a nosotros mismos, hasta el punto de que esa autoprotección (que nada tiene que ver con la libre portación de armas, lo aclaro, por las dudas) relance la confianza mínima que debemos tener en el prójimo, mejore la calidad moral de nuestros comportamientos y haga innecesaria la presencia en las calles de un ejército de 15.000 uniformados prestos a «meter en cana» (como dice el candidato Sergio Massa) al primero que se atreva a sacar los pies del tiesto.

Si el ministro Marcelo Domínguez consigue resolver esta ecuación y hacer triunfar las libertades sobre las pulsiones tiránicas, yo seré el primero en proponerlo para el Premio Nobel; pero no el de Paz, sino el de Física.