Ya sea que se produzcan o no incumplimientos de los compromisos o inobservancia del deber de reciprocidad, la autoridad argentina debería encargarse de exigir, ya mismo, la contratación de un seguro médico privado a todos aquellos que crucen la frontera, y no fomentar las represalias, como pide algún sector de la opinión pública.
Un seguro médico obligatorio nos ayudaría a evitar el lamentable espectáculo de una Cámara de Senadores enviando notas de protesta al Consulado de Bolivia o instando a intervenir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Luego nos molestamos cuando un legislador paraguayo se muestra partidario de declararle la guerra a la Argentina.
Por mucho que las normas vigentes obliguen al país vecino a prestar asistencia sanitaria en las mismas condiciones en que los ciudadanos bolivianos la reciben en Argentina, está bastante claro que esta asistencia no siempre está disponible y que hay prestadores públicos en el país vecino que no están dispuestos a dispensarla, al menos gratuitamente.
Lo que de ningún modo pueden hacer los argentinos que se trasladan a Bolivia, sea por placer o por negocios, es creer que en un país extranjero tienen exactamente los mismos derechos que en territorio nacional y que los servicios sanitarios bolivianos están a su plena disposición, por el solo hecho de que los ciudadanos bolivianos reciben atención médica en territorio argentino sin obstáculos.
El seguro médico obligatorio permitirá además racionalizar el paso de las personas a través de las fronteras, lo hará más previsible y evitará enojosas disputas por una «reciprocidad» que muchas veces disimula la soberbia de aquellos que creen que Bolivia es el patio trasero de Salta y que los argentinos pueden exigir en el territorio del vecino país cualquier cosa que le venga en gana.
