Prácticamente todos los medios de prensa importantes del país publicaron ayer que el ministro/candidato (o el candidato/ministro) ha anunciado una serie de medidas para «beneficiar» a determinados colectivos (como los jubilados, minitributistas, trabajadores asalariados, etcétera) o para concederles «beneficios», como dicen otros.
Pero nadie «beneficia» a quienes ha perjudicado antes. En el mejor de los casos, las medidas de Massa, anunciadas pero todavía no concretadas, apuntan a reparar los daños provocados por sus políticas, o a «compensar» las pérdidas y detrimentos experimentados por integrantes de los colectivos supuestamente «beneficiados», a causa de sus decisiones.
El empleo de la palabra «beneficios» es claramente electoralista.
Intenta dar a entender que el ministro/candidato atraviesa por un gracioso periodo personal de suprema generosidad, cuando el dinero que aplicará al pago de aquellas reparaciones o compensaciones no sale de su bolsillo sino de una inyección de dinero internacional, que los ciudadanos argentinos deberán devolver con su propio esfuerzo, no con el de Massa.
Sean acertadas o no las medidas, sean o no oportunas, sean o no sean eficaces, lo cierto es que el anuncio de tales medidas por el ministro/candidato refuerza al máximo la teoría de que el gobierno no concede derechos amparados en una ley objetiva e impersonal sino que efectúa concesiones graciosas fácilmente revocables. Ningún país funciona adecuadamente cuando la subsistencia de una parte importante de su población depende de las buenas o malas expectativas electorales de los gobernantes.
Pero ya mismo tienen un efecto mediático importante, a la espera de que esa repercusión inmediata se traduzca en votos en octubre próximo.
El lenguaje comunicacional que emplea frecuentemente palabras como «beneficios» o «acompañamiento» es el lenguaje de la demagogia.
Los ciudadanos deben saber distinguir entre «políticas» (con coherencia, estabilidad, trazabilidad y accountability) y «parches», que son medidas inconexas y apresuradas que solo persiguen un efecto positivo inmediato en la imagen de los gobernantes y han sido diseñadas e implementadas, en todo caso, para evitar un descalabro electoral.