Paradójicamente, la protesta se mantiene aun cuando el gobierno y los sindicatos que representan a toda la profesión docente (incluidos lógicamente los huelguistas) acaban de suscribir un acuerdo colectivo para el aumento de los sueldos.
El acuerdo formal entre el gobierno y los sindicatos docentes fue firmado hace solo unos días atrás, en plena huelga salvaje de los autoconvocados. Pero mientras el gobierno especulaba con que la firma del acuerdo podría ayudar a poner fin a la protesta, empieza la semana comprobando que los huelguistas -asamblearios y desindicalizados- han redoblado la apuesta.
El problema ya no es la cuantía de los salarios y el deterioro de su poder de compra a causa de la elevada inflación. Los huelguistas presionan ahora para que el gobierno les pague los días que no han trabajado por huelga, siguiendo una perniciosa costumbre contra legem, de la que es responsable, entre otros, el actual Ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, que durante el gobierno de Urtubey lo fue también de Educación y que consintió el pago de las huelgas con anterioridad.
Mientras más aprieta el trotskismo, más se aleja de sus reinvindicaciones originales y más parece perseguir el objetivo de no perder casi un mes entero de sueldo. La huelga se realimenta así continuamente, pues mientras el gobierno se limite a decir que no pagará los salarios caídos sin tomar ninguna otra medida de las que le permite adoptar la decisión de ilegalizar la huelga, los huelguistas tirarán más de la cuerda en busca de un acuerdo «de salida» que contemple, una vez más, el pago de unos salarios que no se han ganado legalmente.
El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha dicho que el acuerdo es «muy difícil», entre otros motivos por la propia forma organizativa de los huelguistas. Ha negado que las cargas policiales en el peaje de acceso a la ciudad haya sido «represión» y ha dado a entender que el gobierno no se moverá de sus posiciones.
Si el Gobernador quiere proteger a quienes tiene el deber de proteger no debe pensarse mucho la posibilidad de sancionar a los inasistentes ni reemplazarlos por maestros suplentes, llegado el caso. El ejercicio regular del derecho de huelga enerva el poder disciplinario del empleador durante la vigencia del conflicto y le prohíbe contratar esquiroles para reemplazar a los huelguistas; pero estas dos posibilidades están ya perfectamente habilitadas después de que la huelga de los «autoconvocados» haya sido declarada ilegal.
El gobierno no puede jugar durante mucho tiempo más el papel de víctima, porque los únicos perjudicados por una huelga tan dañina son las familias que tienen a sus hijos en las escuelas públicas, algunas de las cuales bien pueden simpatizar con los huelguistas (están en su derecho), pero muy difícilmente negar que una medida de este calado provoca daños no solo a sus propios hijos sino a una apreciable cantidad de personas que nada tienen que ver con el conflicto, entre las que se encuentran otros niños, otros maestros y los ciudadanos y ciudadanas que sufren las rutas y las calles cortadas sin derecho por huelguistas y manifestantes que mucha veces no son trabajadores docentes.
Solo el gobierno puede impedir que la huelga ilegal se retroalimente indefinidamente. Los huelguistas siguen a pie juntillas un guion bien conocido y juegan sus cartas con la convicción de que el gobierno se va a comportar de la misma forma en que se ha comportado siempre; es decir, haciendo pagar los platos rotos al sufrido contribuyente, sin saber probablemente que el pago de lo que no se debe es una forma de malversación que puede tener consecuencias penales.
