El gobierno de Sáenz no puede seguir guardando silencio sobre un asunto tan grave y con consecuencias dañinas tan duraderas.
La responsabilidad política se trasladará de Urtubey a Sáenz si este último no rompe definitivamente con su precaria idea de «no revolver el pasado contra sus dos antecesores».
Un pasado en el que la borrachera de poder y la avaricia, mezcladas con el despropósito jurídico y la superficialidad normativa, han conducido a un resultado tan desastroso, no solo merece sino que exige una revisión en profundidad, especialmente en el plano político.
Como abogado, Gustavo Sáenz sabe perfectamente que si el exgobernador Juan Manuel Urtubey sabía desde el principio que su arbitraria decisión revocatoria (palabras del laudo arbitral) iba a generar para el Estado salteño la obligación jurídica de reparar el daño, ¿por qué no ofreció en su momento a la perjudicada la indemnización que su gobierno consideraba justa y se puso a litigar sin derecho ante un tribunal internacional que ahora le ha condenado a pagar más de 5 millones y medio de dólares solo en costas procesales?
Contrariamente a lo que opina el exgobernador de Salta -autotitulado consitucionalista- las indemnizaciones solo se deben cuando hay una sentencia que obliga a pagarlas, ignorando que el derecho al resarcimiento nace del hecho nocivo y en el exacto momento en que el daño injusto se produce, sin que sea necesario, en absoluto, para que se origine la obligación de pagar, que un tribunal declare haber lugar a un resarcimiento.
Urtubey también es abogado y debería saber que su reconocimiento tardío de la procedencia de la indemnización le convierte en responsable moral directo de las costas generadas en el proceso. Si el gobierno de Urtubey hubiera negociado oportunamente con las empresas demandantes, no solo se habrían evitado el pleito y sus altos costos, sino que muy probablemente las finanzas de la Provincia de Salta no habrían resultado tan afectadas.
Sáenz -y su Fiscal de Estado- no solo deben examinar cuidadosamente la responsabilidad de Urtubey, de sus ministros y de sus asesores jurídicos, sino que también debe mirar con lupa si la decisión del exgobernador Juan Carlos Romero, de concesionar por 30 años el juego de azar en la Provincia de Salta fue una decisión regular, adoptada con criterios políticos oportunos y velando por el interés general, o si fue un mero negocio que -como ha deslizado hoy mismo el exgobernador Urtubey- favorecía de un modo inequitativo y desproporcionado a las empresas concesionarias, en perjuicio de los intereses de la Provincia de Salta.
Lo que un abogado no puede hacer es defenderse de las críticas oponiendo una suerte de compensación; es decir, hablando generalidades de lo que la Provincia de Salta «ganó» con su decisión, antes de que el CIADI recortara esta peculiar «ganancia» de una forma significativa. Esto no es otra cosa que un ejercicio de cinismo, bastante cruel, si consideramos que viene del mismo ciudadano que se marchó del gobierno adeudando a la Legislatura provincial la rendición de cuentas de un periodo gubernamental completo.
La derrota procesal no tiene atenuantes, como tampoco tiene precedentes en el ámbito doméstico. De la lectura del voto mayoritario suscrito por los árbitros designados, surge que los servicios jurídicos provinciales opusieron argumentos absurdos y poco efectivos al progreso de la demanda de los inversores austriacos. La responsabilidad de Urtubey en esta debacle debería estar fuera de cualquier discusión.
Es deber del gobernador Sáenz no pasar página y dar una respuesta puntual y convincente a los salteños, que no sea simplemente decirles: «Ahora contamos con 35 millones de dólares menos para poder gobernar».
Que cada palo aguante su vela.
