La creciente inflación de instituciones «federales» (que de tales solo tienen el nombre) solo contribuye a fomentar una idea sesgada del federalismo argentino, y, desde luego, a asegurar que nuestro sistema federal será cada vez peor entendido y mucho peor practicado.
Las provincias que integran nuestra federación -que se reservan todos los poderes no delegados al gobierno central- pueden, desde luego, celebrar acuerdos con otras provincias para regular sus asuntos comunes. Pero no por el hecho de que un acuerdo sea celebrado entre provincias diferentes (con o sin intervención del gobierno central) se debe llamar «federal» a su producto, pues en una enorme cantidad de casos (por no decir en todos) tanto en estos acuerdos como en las instituciones creadas por ellos no encontramos, ni por casualidad, elementos «federales».
Al contrario, comprobamos que la gran mayoría de los «consejos federales» conocidos tienen una finalidad diametralmente opuesta al federalismo -entendido como el respeto hacia la autonomía de los gobiernos provinciales- en la medida en que tienden a uniformar políticas en todo el territorio nacional. Unas políticas que, por definición, deberían ser diferentes o, en cualquier caso, no dictadas ni impuestas por el gobierno central de turno o por un grupo de provincias.
Si, como parece, estos acuerdos son inevitables, la razón constitucional obliga a quitar de su nombre el adjetivo «federal» y sustituirlo por los de «interprovincial» o «interjurisdiccional».
Y llegados a este punto, comprobamos que tampoco contribuye a la buena comprensión de nuestro sistema político (que, por otra parte, no es único en el mundo) el hecho de que la comunicación gubernamental utilice con desusada frecuencia la imprecisa palabra «distritos» para referirse a lo que la Constitución llama inequívocamente «provincias» y «ciudad autónoma de Buenos Aires».
