En un Estado federal, los compromisos financieros con las provincias son sagrados

Pero si un indicador como este existe en el campo de las finanzas internacionales, a nivel interno, un país federal como la Argentina debería elaborar una especie de indicador de riesgo federal, que sirva para calcular el adicional o «sobreprecio» (medidos en atrasos infraestructurales, sociales o políticos) que las entidades federadas deben pagar cuando el Estado que debe repartir los recursos deja de cumplir —porque le da la gana— sus obligaciones financieras internas.

Esto lo ha dejado más o menos claro el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en una entrevista de televisión en Buenos Aires. Refiriéndose a los funcionarios del gobierno nacional, Sáenz ha dicho: «Buscan credibilidad a nivel internacional, pero primero respeten la palabra empeñada y cumplan con lo que firmaron aquí». Probablemente no haya razonamiento más lógico que este.

¿Qué puede llegar a pensar un inversor extranjero cuando se entera de que ese gobierno, que tan buen comportamiento tiene hacia afuera y que cumple puntualmente con sus acreedores externos, hacia adentro del país se dedica a trampear a quienes debe dinero?

El éxito de un programa económico no solo se sostiene en el control de la emisión monetaria, el acrecentamiento de las reservas del Banco Central, el descenso de la inflación o la reducción del gasto público improductivo. Si al mismo tiempo no se cumple con las provincias —sin imponerles condiciones para ello— ningún gobierno merece credibilidad exterior.