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  • Liberada una finca de siete hectáreas ocupada por 80 familias
  • En el marco de una investigación por usurpación y amenazas, el fiscal penal de Salvador Mazza, señor Jorge Armando Cazón, solicitó la medida judicial que permitió el desalojo y la restitución de un inmueble de siete hectáreas, ordenado por el Juzgado de Garantías n° 1 de la ciudad de Tartagal.
Fiscal Jorge Armando Cazón
Fiscal Jorge Armando Cazón

La resolución fue adoptada por el juez señor Héctor Fernando Mariscal Astigueta y se ejecutó en una heredad ubicada en el barrio Ferroviario, zona oeste de la finca Sauzal del Itaguazú, que tiene una superficie aproximada de siete hectáreas y que fue retituida a su titular registral y legítimo propietario.



Según la portavoz del Ministerio Público Fiscal de Salta, que cita fuentes cercanas a la investigación judicial, en la mencionada finca se encontraban alrededor de 120 personas que, según sus propias manifestaciones, integraban 80 familias.

El procedimiento se inició a las seis de la mañana, con intervención de la Policía de Saltaa, que dio lectura a la orden judicial y avanzó en el despeje del inmueble sin que se registraran incidentes, ya que una parte significativa de los ocupantes ya se había retirado del lugar de manera voluntaria, desmontando estructuras precarias y trasladando sus pertenencias con medios propios y con el apoyo logístico de la Municipalidad de Salvador Mazza.

En la ejecución de las medidas, se dio intervención previa a organismos de protección de derechos, como el área de Bienestar Social municipal, la Asesoría de Incapaces y otros organismos competentes, entre los que afortunadamente no figura la Delegación de Asuntos Indígenas.

Dice la información oficial que esta intervención se produjo en cumplimiento de las normas internacionales que privilegian el interés superior del niño y que se encuentran incorporadas en el Ordenamiento interno, al máximo nivel.

El operativo contó además con la colaboración de bomberos voluntarios y personal municipal, y finalizó cerca del mediodía, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de violencia.

Por disposición del fiscal Cazón, el lugar desalojado se encuentra con custodia policial, a fin de resguardar el inmueble hasta que el propietario concrete su cierre definitivo y prevenir nuevas ocupaciones.



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