En 2022, la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Orán, cuyo titular es la señora Marcela de los Ángeles Fernández llegó a un acuerdo con la empresa Seabord -que alcanza a los consorcistas Los Dos Ríos S.A. y Tuma S.A.- para resolver un conflicto socioambiental derivado de la causa penal n° 49/22.
El Instituto Nacional del Agua ya había determinado los caudales ecológicos mínimos necesarios para asegurar la conservación de los ecosistemas en la cuenca hídrica afectada.
En el proceso judicial, dirigido por la magistrada Fernández de Ulivarri, intervinieron el Centro de Mediación del Ministerio Público de Salta, una consultora privada, representantes legales y jerárquicos de la empresa, y el servicio de ambiente del departamento técnico científico del CIF. También intervinieron funcionarios de la Fiscalía de Estado, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Minería y Energía.
Según se afirma en la comunicación oficial, en la etapa final del proceso se convocó al Instituto Nacional del Agua (INA) para determinar el caudal ecológico mínimo de los ríos Blanco y Pescado, niveles que se consideran cruciales para la subsistencia de los ecosistemas.
El INA estableció un caudal de 2,6 m³/s para el río Blanco y 4,00 m³/s para el río Pescado, valores avalados por las restantes partes personadas en el proceso.
Con estos nuevos valores de conservación, se espera que ambos ríos comiencen a reconfigurar su dinamización ecológica y mantengan su permanencia frente a los cambios climáticos.
