El artículo en cuestión intentaba demostrar, con argumentos de sentido común más que con fundados conocimientos económicos, que la intención declarada por el gobernador Gustavo Sáenz de incorporar a los acuerdos colectivos en el ámbito del empleo público una «cláusula gatillo» (un aumento automático de los salarios exactamente igual al del índice de inflación del mes anterior) era peligrosa y contraproducente.
En aquel artículo proponía, modestamente, negociar los salarios de los agentes públicos teniendo en cuenta un índice mixto que contemplase, entre otras variables, la productividad del trabajo, la evolución de la recaudación fiscal (incluida la variación de la coparticipación federal) y la salud de las cuentas públicas.
Según parece, el Gobernador -que seguramente no se ha leído aquel escrito- ha recapacitado y lo ha hecho oportunamente, si bien es verdad que un poco forzado por las circunstancias.
En homenaje a aquella lectura que no fue, publico aquí nuevamente aquel artículo, porque entiendo que ha cobrado una inesperada actualidad.
Los salarios de los docentes de Salta deberían actualizarse según la variación de la recaudación fiscal
El Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, ha dicho hoy públicamente que su gobierno quiere introducir en los acuerdos colectivos con los sindicatos una «cláusula gatillo» que permita indexar automáticamente los salarios de los docentes públicos (y más adelante de todos los trabajadores del Estado) de acuerdo con el índice de inflación pasada.Dice el Gobernador que de este modo «no habrá necesidad de paritarias» y que se podrá «recuperar esa paz social que tanto queremos».
La «escala móvil» es una vieja reivindicación de la izquierda sindical que siempre ha visto en la «moderación salarial» una maniobra de los empresarios para aumentar sus márgenes de beneficios y pagar menos salario a los trabajadores.
Los partidarios de la «escala móvil» proponen que, cuando suben los precios del consumo, los salarios y prestaciones sociales también aumenten, sin tener en cuenta la situación coyuntural de la economía, la carga que ello supone para las empresas en cuanto a costes salariales, la posibilidad de que las empresas trasladen inmediatamente a los precios el aumento de su coste laboral unitario, la situación presupuestaria, etc.
En Europa son muy pocos los países que mantienen la indexación automática de los salarios en función de la variación de los precios al consumo. Solo se aplica en Luxemburgo, España, Chipre y Malta, pero el índice utilizado difiere en cada uno de estos países.
En 2022, el gobernador del Banco de España, señor Pablo Hernández de Cos, pidió que empresarios y trabajadores asuman “una pérdida” por la elevada inflación en el pacto de rentas y que se eviten fórmulas de actualización automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de garantía salarial.
Hernández de Cos pidió entonces “un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes”, de manera que “todos los agentes implicados han de asumir una pérdida” y “ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes”.
En la memoria de todos, el resultado del referéndum abrogativo celebrado en Italia el 9 de junio de 1985, convocado por el gobierno de Bettino Craxi, que por un margen de 54,3% a 45,7% (es decir, casi diez puntos porcentuales) decidió no restaurar la scala mobile, recortada por el gobierno socialista mediante la ley del 12 de junio de 1984.
En un sistema como el que propone el Gobernador de Salta, los salarios públicos variarán en la misma proporción que la inflación, de modo que el salario real de los trabajadores permanecería fijo, y en consecuencia también su poder adquisitivo, lo cual es sin dudas bueno. Pero, al aumentar los salarios de los trabajadores, aumenta también uno de los componentes centrales de los costes laborales unitarios. Estos costes son los que tiene que asumir una empresa en el desarrollo normal de su actividad, y se calculan dividiendo el salario nominal de los trabajadores por la productividad de los mismos.
Por tanto, el aumento de la inflación, hace que los costes laborales unitarios aumenten en la misma medida que lo hacen los salarios, siempre por supuesto que la productividad del trabajo y la recaudación fiscal se mantengan constantes. En el caso de los salarios que el Estado paga a sus agentes, la indexación automática supone el aumento correlativo del gasto público, por lo que de no producirse un shock fiscal o uno de productividad, tal indexación resultaría desastrosa para las cuentas del Estado, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno provincial no tiene ninguna injerencia en la política monetaria, que se halla en manos del gobierno federal y, por tanto, no podría introducir correcciones por esta vía.
En consecuencia, que superar este desafío no pasa por la indexación automática que toma como única referencia el índice de precios al consumo (y el poder de compra del salario) sino por la aplicación de un índice mixto que tenga en cuenta, entre otras variables, la productividad del trabajo, la evolución de la recaudación fiscal (incluida la variación de la coparticipación federal) y la salud de las cuentas públicas.
Es decir, el gobierno provincial del señor Sáenz, antes de anunciar la universalización de las “cláusulas gatillo”, debería preocuparse en emplearse a fondo para estimular o relanzar la productividad de sus agentes (para empezar, midiéndola), aplicar políticas rigurosas de disciplina fiscal y control del gasto (que no está aplicando), y trabajar en una gran reforma tributaria que acabe con los impuestos “perdonados” a los grandes capitales y grave los patrimonios más cuantiosos.
Si estas son las tareas que tiene el gobierno en adelante, lo que corresponde preguntarse ahora es si tiene ministros lo suficientemente preparados para alcanzar estos objetivos.
