El temor a que el litio acabe prácticamente estatizado, como el petróleo y el gas natural, hace que no solo las empresas privadas que extraen el mineral, sino que también los gobiernos provinciales, resistan con fuerza y argumentos el calculado avance del Estado central sobre la explotación del litio.
No parece malo que los gobiernos provinciales consideren al litio como un recurso estratégico para el desarrollo provincial, aunque ya no es tan bueno que los mismos gobiernos depositen -ni en la minería ni el cualquier otro sector de actividad- unas esperanzas desmedidas o poco realistas. El litio solo redundará en beneficio del conjunto social si se acometen reformas precisas para evitar que la mayor riqueza que se pretende obtener se concentre en las manos de una pequeña oligarquía de productores extranjeros y de empresas satélites locales.
Así como no queremos que el gobierno central clave sus garras en unos recursos que no le pertenecen, deberíamos también resistir cualquier intento de involucrar a los gobiernos provinciales en los negocios, así como de convertirlos en socios de las empresas privadas que trabajan sobre el terreno, porque si esta asociación se produce, la debilidad intrínseca de los Estados provinciales conducirá inevitablemente a que los agentes privados se apropien de las ganancias y repercutan sus quebrantos sobre el socio más débil.
Los gobiernos provinciales no tienen por qué invertir en minería. Deben hacerlo en infraestructuras, en formación de recursos humanos, en estudios geológicos serios, pero no financiar a pérdida a los agentes privados, eliminando el riesgo que es propio de su actividad.
Deben ajustar, también conjuntamente, la aplicación rigurosa de la legislación laboral, así como las normas de seguridad e higiene en el trabajo, porque tampoco es razonable que una provincia obtenga ventajas indebidas sobre las otras echando mano del dumping social.
Dicho en otros términos: los gobiernos provinciales (especialmente el de Salta) no pueden mirar a la minería del litio como un gran negocio, ni propiciarlo de ninguna manera. Al gobierno -cuya legitimidad constitucional se detiene a las puertas del negocio lucrativo- le basta con crear las condiciones necesarias e indispensables para que la actividad económica se desarrolle con las debidas garantías operativas y jurídicas. Los altos niveles de inseguridad jurídica a nivel regional conspiran sin dudas contra el desempeño eficaz de los inversores.
El modelo a evitar es el del turismo, un sector de actividad económica en el que ya es muy difícil distinguir entre el papel del Estado y el de los agentes privados, con todos los peligros que esta confusión entraña. No podemos repetir este error en la minería.
El Estado tiene deberes para hacer en esta rama de la economía, pero ninguno de ellos consiste en la inversión directa o indirecta en el negocio del litio, en la asociación con los extractores, en la creación de holdings públicos, o en cualquier otra fórmula de «acompañamiento» o de «articulación» entre públicos y privados.
El litio no es un negocio de Estado ni puede aspirar a serlo, a menos que se decida cambiar drásticamente el sistema económico que permite a los agentes privados invertir y obtener ganancias libremente, instituido por el artículo 71 de la Constitución de Salta, cuya reforma o abrogación nadie ha propuesto ni intentado. La intervención del Estado en el espacio económico libre reservado a los agentes privados tiene límites que no pueden ser traspasados, y menos todavía mediante fórmulas asociativas difusas que no permiten distinguir con claridad las esferas de lo público y lo privado, el interés general del particular.
Si el gobierno se asocia con los productores y se confunde con ellos de cualquier forma, perderá irremediablemente su legitimidad para controlarlos y para cobrarle los impuestos que deben pagar, resignará su papel de árbitro en la puja distributiva y lastrará con su ineficacia el despegue de los emprendimientos privados. De este modo, los beneficios de la mayor riqueza nunca alcanzarán a quienes, en justicia, debe alcanzar.
