Como se recordará, Arancibia dispuso que las imputadas detenidas Alejandra Macarena Párraga y Cynthia Elizabeth Moya, señaladas en la investigación preliminar como las organizadores de la falsa financiera y presuntas autoras de millonarias estafas a unas 750 personas, continúen en prisión provisional, pero en sus respectivos domicilios.
La misma información señala que de las averiguaciones practicadas por la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la mayoría de los estafados son policías «de menor jerarquía» y que las cantidades detraídas ascienden a 457.529.730 pesos y 505.431 dólares estadounidenses.
Hasta ahora, y a pesar de los diferentes registros ordenados por los fiscales, solo ha podido ser recuperada «una parte menor del botín» que permanecía «celosamente escondido por las imputadas» y que pretendían utilizar «como prenda de negociación para lograr la libertad de las mismas».
La información fiscal subraya que, gracias a la actividad de investigación desplegada por los fiscales, se determinó que la Jefa de Operaciones de la Unidad Regional nº 3 de la Policía de la Provincia, Nilda del Valle Valdez –hoy privada de su libertad- mediante el uso de un vehículo de la Policía de Salta y una tricota con insignias de la fuerza policial, pudo evadir los controles de ruta y trasladar gran parte del dinero detraído a las víctimas por parte de la imputada Moya, cuando esta supo de los allanamientos.
Esas cantidades de dinero no han podido ser halladas hasta el momento, pero se ha logrado establecer que su posesión le permitió a la imputada (hoy ya beneficiada con arresto domiciliario) ofrecer espurios acuerdos a sus víctimas a cambio de lograr su sobreseimiento en la causa. Los fiscales también señalan que Moya consiguió eludir la acción de la justicia «por un largo tiempo», ya que algunos policías le habían advertido de su inminente detención. Los fiscales sostienen que esta circunstancia revela la existencia de un manifiesto riesgo procesal.
Dice también la información oficial del MPF que entre las cantidades de dinero secuestradas en los allanamientos se advirtió que habrían sido ingresados fondos pertenecientes a la recaudación por los servicios adicionales que presta la Policía de Salta por parte de la comisario Espinosa.
La decisión del juez Pastrana
Los fiscales recuerdan que el pasado 26 de septiembre, el Juez de Garantías nº 3 de la ciudad de Salta, señor Antonio Pastrana, ya había desestimado un pedido de libertad y de arresto domiciliario. En su momento, Pastrana dijo que “supeditar la entrega de dinero obtenido de manera ilícita al otorgamiento de la libertad de las acusadas Moya y Párraga, podría no sólo configurar una transgresión a los deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, sino que resulta manifiestamente improcedente, teniendo en cuenta que dicho acuerdo fue formalizado también por el abogado, quien, a raíz de haber patrocinado anteriormente a 74 denunciantes, se encuentra imputado por el delito de prevaricato en la actualidad; constituyendo, de esta manera, en una palmaria violación a las normas de la ética profesional peticionar el otorgamiento de la libertad a las imputadas Moya y Párraga, para que efectúen la entrega del dinero a los denunciantes”.En otro párrafo de su resolución, Pastrana dijo que “la celebración de los convenios aludidos, más allá de intentar lograr la 'paz social, que la defensa postula, develan que la imputada Moya tiene en su poder el dinero de los denunciantes, reconociendo de esta manera, su activa participación en los hechos endilgados, utilizando una promesa de devolución dineraria como una suerte de presión o extorsión para obtener su libertad” y que “lejos de disminuir el peligro de fuga y entorpecimiento en las presentes actuaciones, se vislumbra razonable el mantenimiento de la medida cautelar dispuesta oportunamente sobre la base de la presunción de que la acusada podría eludir la acción de la justicia, en virtud de los contactos que tiene con efectivos de las fuerzas policiales y el supuesto monto de dinero que tendría en su resguardo para presumir que podría fugarse, y entorpecer la investigación de los hechos denunciados, y de la misma manera, intimidar a testigos y víctimas con promesas de reparación dineraria”.
A la solicitud de los abogados de las imputadas, la UDEC se opuso por considerar que los contratos propuestos tenían «un tinte extorsivo hacia las víctimas», por lo que dio intervención a la Fiscalía Penal nº 2. Además, se detectó que los inmuebles ofrecidos en garantía eran inexistentes o afectados a bien de familia.
La fiscal de la UDEC, señora Ana Inés Salinas Odorisio imputó al abogado de Moya por prevaricato ya que el 3 de agosto de 2022 se presentó como apoderado de 74 denunciantes. El 24 de agosto, el abogado ingresó por la mesa de entradas virtual del Ministerio Público un escrito en el que -decía- renunciaba a la querella y a los poderes otorgados por los damnificados. En el mismo escrito, el abogado asumió la defensa de Cynthia Moya, Alejandra Párraga y Antonella Leal.
La causa
La financiera ilegal conocida con el nombre “Ríos & Asociados” comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán y luego abrió una sede en la ciudad de Salta. La modalidad defraudatoria utilizada es conocida esquema Ponzi o estafa piramidal.El 25 de marzo pasado se realizaron los primeros allanamientos y detenciones vinculadas a la causa y, desde entonces, se realizaron numerosos operativos en búsqueda del dinero faltante.
De la investigación de la UDEC, testimonios brindados por damnificados, testigos de identidad reservada y otros detenidos de la causa, se pudo establecer que la organizadora de la actividad era Cynthia Elizabeth Moya, quien era secundada por algunos civiles y miembros de la Policía de la Provincia de Salta, que actuaban como captadores.
Hasta el momento la causa penal tiene 29 imputados, 14 de ellos miembros de la Policía de Salta, entre los que se encuentran el jefe de la Brigada de Investigaciones, la jefa de la División Cobranzas Policías Adicional, personal de investigación, y la jefa de la Unidad Regional nº 3, quien habría empleado un móvil de la Policía para evadir los controles policiales haciendo uso de sus atribuciones y trasladar el dinero que Moya había retirado de la financiera al enterarse que se realizarían allanamientos.
Diez de los imputados, incluidas Moya y Párraga, estaban detenidos en la Alcaidía General de la Provincia hasta hoy; seis policías se encuentran con arresto domiciliario y el resto se encuentra con medidas cautelares menos gravosas solicitadas por la UDEC.
En la causa fueron secuestrados 26 vehículos, más de 4000 contratos, 26 millones de pesos en efectivo y 60 mil dólares.
