Mediante resolución 1328/2022, de 6 de abril, el señor Pedro García Castiella ha dispuesto la creación de una nueva «unidad fiscal» para intervenir en el «Legajo de Investigación Nº 67/2019 de la UGAP (AP 49/2017 de la Sub comisaría Vaqueros», tal como se conoce al expediente fiscal que tiene por objeto esclarecer las circunstancias e identificar a los autores de la muerte de la ciudadana Jimena Salas.
Los nuevos fiscales designados son la señora Mónica Susana Poma (especializada en homicidios de mujeres), el señor Leandro Flores (de la Unidad de Graves Atentados a las Personas) y el señor Gabriel Alejandro González (fiscal penal de Derechos Humanos).
Dice la resolución en cuestión que, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones, «resulta indispensable dar continuidad a la investigación del caso, estableciendo que la representación del Ministerio Público Fiscal se ejerza por magistrados diferentes a los que hasta ahora intervinieron».
Desde luego, García Castiella no efectúa ninguna valoración de la actuación de los fiscales que tuvieron a su cargo el asunto, desde que se encontró el cadáver hasta la celebración del juicio contra Nicolás Cajal Gauffin y Sergio Vargas, ninguno de los cuales llegó a ser acusado de haber matado a Jimena Salas.
Una de las razones que ha forzado a García Castiella a adoptar la decisión de cambiar el equipo fiscal ha sido la muy reciente desestimación por parte de la Corte de Justicia de Salta (la resolución del tribunal lleva la fecha del 5 abril de 2022) de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal por recurso de inconstitucionalidad denegado. Dice la información oficial del MPF de Salta que dicha desestimación ha agotado la «instancia recursiva».
