El despacho de prensa dice que el señor Guillermo Alberto Catalano y la señora Teresa Ovejero Cornejo han dictado una clase sobre «sobre conceptos y alcances de derecho electoral, de acuerdo a lo que establece la Ley 6444 y las modificaciones que se hicieron a lo largo del tiempo».
No es del caso dudar de los conocimientos sobre la materia que pudieran tener tanto el señor Catalano como la señora Ovejero, sino preguntarse si corresponde a dos jueces en ejercicio hacer un trabajo que deberían hacer catedráticos universitarios especializados en derecho electoral.
Es verdad que hace muchos años que el señor Catalano ejerce -junto a su cargo de presidente de la Corte de Justicia y otras variadas presidencias- el cargo de presidente del Tribunal Electoral y que la señora Ovejero fue secretaria de este tribunal durante varios años. Pero no son profesores de derecho electoral y, aunque lo fueran, deberían dejar que la formación de los aspirantes al ingreso estuviera a cargo de instructores independientes y neutrales en la contienda electoral; es decir, que no sirvieran tan abiertamente a los intereses del gobierno.
«Mandar» y «saber» no son cualidades que a menudo vayan unidas. El ejercicio del poder no confiere un plus de conocimientos.
Los jueces pueden defender en sus sentencias «la importancia del sistema republicano», pero hacerlo fuera de los procesos judiciales supone una clara incursión en el terreno de la opinión política.
Un administrador electoral no puede «enseñar» (y más todavía a una audiencia cautiva) a respetar a la república, a la democracia o a cualquier otro atributo de nuestra convivencia política. Y menos aún pueden enseñar este respeto desde la teoría quienes en la práctica operan en una dirección absolutamente contraria.
Los jueces pueden enseñar en las universidades (puesto que no existe incompatibilidad) y, con limitaciones, en sus escuelas judiciales. Pero no pueden arrogarse el derecho a enseñar a aspirantes a ingresar al Poder Judicial como empleados, técnicos o funcionarios. Más que proporcionar una formación científica, este activismo, ejecutado con la excusa de la «enseñanza del Derecho», se asemeja mucho a un adoctrinamiento de los futuros cuadros judiciales en una serie de criterios interpretativos que son objeto de una permanente controversia política.
Siempre es mejor que los aspirantes a ingresar al Poder Judicial de Salta aprendan las reglas del derecho electoral por su cuenta, en fuentes neutrales, transparentes y objetivas.
