Según el MPFS salteño, la investigación surgió a partir de la detección de la celebración de un evento en la Quebrada de Las Conchas con una autorización ambiental que, prima facie presentaba irregularidades y que luego fue desconocida por el organismo provincial competente.
Recuerda el MPFS que la causa se originó a partir de la denuncia formulada por un agente dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno provincial de Salta. Según el MPFS, durante un control de rutina el mencionado agente agente advirtió la existencia de una estructura montada para la realización de un evento, que incluía escenario, sistema de iluminación y sonido.
Todo esto ocurrió el pasado 23 de marzo, en la zona de Quebrada de las Conchas, ruta nacional n.º 68, a la altura del kilómetro 17.
Según consta en las actuaciones, el lugar en cuestión en donde se había montado el escenario para la festichola se encuentra comprendido dentro de una reserva natural, por lo que la realización de este tipo de actividades requiere de autorización administrativa previa.
Al serles solicitada la documentación correspondiente, los responsables del bodorrio exhibieron una copia impresa de una supuesta autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cual habría sido remitida en un PDF por la mujer ahora imputada.
Ante las sospechas generadas, se efectuaron consultas con las autoridades competentes, quienes informaron que no se había emitido autorización alguna para el evento en cuestión. Asimismo, se detectaron inconsistencias en el documento presentado, entre ellas el uso de un membrete institucional que no corresponde al actualmente vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario competente.
Cuando la investigación estaba ya en marcha, el propio Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno provincial, señor Alejandro José Aldazabal, formuló su denuncia y desconoció expresamente la autenticidad del instrumento exhibido, calificándolo de apócrifo.
La fiscal Rojas considera que existen indicios suficientes para sostener, en esta etapa inicial, que la mujer imputada confeccionó y/o utilizó (a sabiendas) un documento público falso con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento, conducta que encuadra provisoriamente en los delitos previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal.
Posible contravención
Paralelamente a estas actuaciones, los fiscales que se dedican a perseguir las contravenciones han abierto diligencias por una posible falta contra el medio ambiente.La UFICON (unidad fiscal contravencional) continúa con la producción de prueba y el requerimiento de documentación a distintos organismos, con el objetivo de reconstruir el hecho investigado y determinar eventuales responsabilidades.
