Agentes del CIF, bajo la dirección de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, han procedido esta mañana a registrar dos domicilios en la ciudad de Salta.
Durante el operativo se procedió a la incautación de documentación y elementos de interés para la causa. Además, Salinas Odorisio ha solicitado a las entidades la inmovilización de ocho cuentas bancarias.
Según información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la investigación se inició a partir de una denuncia formulada el pasado 27 de febrero y a la que luego se le sumaron otras 31 denuncias de personas perjudicadas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de un puesto de trabajo en la minería. Las denuncias coinciden en que la mujer ahora detenida se presentaba como profesional del área técnica y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector.
De acuerdo a lo que se ha podido saber hasta el momento, para dar apariencia de legalidad a las maniobras, la falsa ingeniera promovía la creación de distintas estructuras comerciales. Entre ellas se identificaron algunas con los nombres de Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, que utilizaba para contactar con los interesados, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una actividad empresarial vinculada a proyectos mineros.
Los investigadores han podido establecer que, a través de estas estructuras empresariales, la pareja de detenidos convocaba a ingenieros, topógrafos y obreros sin cualificación, a los que prometía contratarlos en obras vinculadas con la minería. Les solicitaban dinero para distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.
Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group S.R.L. para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos. Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.
También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no habían publicado su constitución en el Boletín Oficial.
Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría procedido de la misma manera en otros lugares del país.
Los fiscales han informado oficialmente que la investigación continúa, a fin de dar con otros posibles responsables o beneficiarios de las estafas.
