Momentáneamente aliviado de sus continuos procesos penales en los que aparecen involucrados los más diversos animales, el Fiscal Penal de Rosario de Lerma, señor Daniel Alejandro Escalante, ha acusado a las dos mujeres de participar en la organización y ejecución de una campaña oftalmológica desarrollada sin habilitación oficial, ni presencia de profesionales debidamente acreditados, ni garantías sanitarias mínimas.
En aquella oportunidad, la denunciante expresó se había enterado de estas prácticas a través de redes sociales y grupos de mensajería en los que se difundía una convocatoria bajo el nombre de “Gestoría Solidaria”, a cargo de una fundación, con participación de una óptica y un organizador.
La denunciante se trasladó personalmente al lugar y constató que en el interior de un garaje se estaban realizando controles de visión a personas sin ningún tipo de autorización o control sanitario. Observó que al menos dos personas de sexo femenino ofrecían anteojos al público, mostrando monturas en varias mesas instaladas en el lugar. Los cristales graduados eran recetados por un supuesto médico oftalmólogo que, según describió, se encontraba en el fondo del garaje realizando exámenes visuales con un cartel optométrico y una caja de pruebas ópticas (probines). Tras la consulta, el supuesto profesional entregaba una receta informal, sin membrete ni sello de ningún profesional matriculado.
Según la denuncia, los asistentes, luego de recibir la receta, eran dirigidos hacia las mesas con las monturas en donde se probaban sus futuros anteojos. Allí, una de las mujeres presentes cobraba dinero en efectivo o transferencias como adelanto por los productos, entregando a cambio un papel con los datos del comprador, el precio total, la señal abonada, el saldo restante y la fecha de entrega, prevista para el 9 de mayo de 2024 (nada muy diferente a una óptica regular, digamos).
La denunciante también aportó documentación que evidenciaba que el mismo día, por la tarde, se realizaría otro evento similar en el barrio San Antonio de la localidad de La Silleta, en una vivienda particular, no sabemos si en el garaje o debajo de una tusca.
La Cámara Empresarial de Óptica, que denunció el intrusismo, consultó formalmente a la supervisora de Proficcssa (organismo dependiente del Ministerio de Salud Pública) si estas campañas contaban con la autorización correspondiente. La respuesta fue negativa: los eventos oftalmológicos no habían sido habilitados ni contaban con respaldo alguno por parte del organismo provincial.
En el marco de la investigación, se tomaron declaraciones a testigos, se realizaron inspecciones oculares (al garaje, no a los globos oculares de los pacientes), se recolectó material fotográfico y documentación, y se corroboró que los organizadores no contaban con matrícula profesional ni autorización para ejercer prácticas médicas ni vender productos ópticos.
Además, quedó acreditado que durante la campaña se expendían anteojos con fines comerciales sin cumplir los requisitos legales ni sanitarios, en infracción a las normas que regulan el ejercicio del arte de curar y la comercialización de productos para la salud.
A partir de estos elementos, el fiscal Escalante imputó provisionalmente a la mujer identificada como principal organizadora de la actividad un delito de ejercicio ilegal de la medicina en concurso real con el expendio de mercaderías peligrosas para la salud.
Por su parte, otra mujer fue imputada como partícipe secundaria de los mismos delitos, por haber colaborado en la organización y atención al público durante la jornada.
