Bajo la dirección de la fiscal penal señora Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos de la ciudad de Salta, investigadores del CIF llevaron a cabo un operativo en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El procedimiento incluyó registros de celdas en el Establecimiento Penitenciario n.º 6 de aquella ciudad y en cinco domicilios particulares.
La investigación fiscal se inició el pasado 27 de julio, a partir de la denuncia de un hombre que había publicado artículos a la venta en una red social. Un supuesto comprador le envió un comprobante de transferencia por un monto considerablemente mayor al acordado y, alegando un error, le solicitó la devolución de la diferencia. Posteriormente, otra persona se hizo pasar por representante del banco y brindó instrucciones para “regularizar” la operación. Siguiendo esas indicaciones, el pichón transfirió todos sus fondos a una billetera virtual. Luego, los estafadores cortaron la comunicación.
Al día siguiente, intentaron retomar el contacto y solicitaron un préstamo con el argumento de “liberar fondos bloqueados”. Sin embargo, el intento fracasó cuando el denunciante advirtió la maniobra y finalizó la llamada.
La estafa combinó el uso de perfiles falsos en redes sociales, suplantación de identidad bancaria, manipulación psicológica y llamadas telefónicas realizadas bajo presión. Esta modalidad, conocida como vishing, induce al error y lleva a que las víctimas transfieran voluntariamente su dinero. La Fiscalía ha notado un aumento significativo de este tipo de delitos, muchos de ellos perpetrados mediante llamadas telefónicas desde las unidades carcelarias.
El análisis de la telefonía realizado por la Unidad de Investigación UDEC, permitió rastrear llamadas, identificar duraciones, contactos frecuentes, antenas y conexiones de datos, logrando así determinar la ubicación de los dispositivos. Uno de los números analizados permaneció estático en las inmediaciones del penal de Río Cuarto.
A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores lograron identificar la participación de colaboradores externos, necesarios para disponer del dinero obtenido ilícitamente. Se determinó que los fondos fueron transferidos inicialmente a la cuenta de una mujer, pareja de un interno, y luego derivados a otra cuenta vinculada a un tercer interno. También se detectaron comunicaciones con otra mujer, madre de uno de los involucrados.
