En el marco de este procedimiento, Salinas Odorisio ha imputado provisionalmente los delitos de falsedad ideológica de documento público, en concurso ideal con seis delitos de fraude a la administración pública a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma.
El decreto fiscal dispone asimismo imputar provisionalmente un delito de encubrimiento por omisión de denuncia, en calidad de autor, al que fuera Secretario Legal y Técnico de la Administración de Romero, señor Daniel Nallar.
Nallar es el único de los imputados que ha ejercido su propia defensa en la audiencia celebrada ante Salinas Odorisio, mientras que los demás han comparecido al trámite procesal asistidos por abogados de libre designación.
La fiscal Salinas Odorisio ha señalado también como responsables de los delitos que se investigan al exsubsecretario de Obras Públicas, señor Ignacio Racioppi, y otra inspectora de obras de la Municipalidad, diferente a la anterior. Ambos han solicitado a la Fiscal una prórroga de su comparencia, por lo que aún no se encuentran formalmente imputados ni han ejercido su defensa.
Según la comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, la intervención de la Unidad de Delitos Económicos se inició en virtud de denuncia formulada por el entonces Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien aseguró que a fines de 2023 se detectó un expediente en el que podrían haber quedado de manifiesto graves irregularidades en obras públicas, con pagos por trabajos no realizados.
Según la versión del denunciante, el entonces subsecretario de Obras Públicas habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos y así iniciar obras complementarias, sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal.
La maniobra, de acuerdo con el escrito, se justificó en la urgencia por avanzar con intervenciones “emblemáticas”, como la remodelación de la Plaza 9 de Julio.
Salinas Odorisio piensa que los imputados actuaron en conjunto pero con distintos roles: los socios como responsables de la empresa constructora, un empleado, como su representante técnico; dos empleadas municipales, como inspectoras de obra; y un funcionario, como subsecretario de Obras Públicas.
Los investigadores sostienen que los imputados elaboraron informes con certificados de avance de obra que contenían datos falsos, declarando un avance mayor al real. Estos documentos, firmados por las inspectoras y el representante técnico, sirvieron para justificar la emisión de facturas por trabajos no ejecutados.
Posteriormente, el Subsecretario ahora imputado remitía estos informes a su superior con el objetivo de ordenar el pago correspondiente a la empresa, lo que –según los investigadores fiscales– generó un perjuicio económico para las arcas municipales. Esta maniobra se habría repetido en al menos seis expedientes distintos.
En cuanto al delito de falsedad ideológica en instrumentos públicos, los investigadores de la UDEC afirman que los imputados, en sus respectivos roles, pudieron haber elaborado informes y certificados de avance de obra con declaraciones falsas, señalando un porcentaje de avance mayor al real.
En cuanto Daniel Nallar, la fiscal Salinas Odorisio piensa que podría haber tenido conocimiento del expediente en el que se producían las irregularidades y que, no obstante, faltó a su deber legal de denunciar los hechos, encubriendo a los responsables.
