Por este motivo, como todos los años, la Corte de Justicia provincial ha invitado a todos aquellos que hubieran sido parte en los procesos judiciales pendientes de destrucción, o que sean titulares de un interés legítimo en relación a ellos, a solicitar, a través de sus representantes, en el plazo de hasta diez días hábiles posteriores a la publicación, el desglose de la documentación, testimonios o certificaciones pertinentes, antes de que sus derechos y sus papeles sean consumidos por las llamas.
Una vez más, la Corte de Justicia ha invocado una norma propia -la Acordada 10743- que ordena la eliminación material de los documentos y expedientes en condiciones de «expurgo».
Dice la Corte que esta purificación tiene por objeto «permitir una mayor agilidad y rapidez de las oficinas judiciales, evitando gastos innecesarios y dejando un amplio espacio en el Depósito del Archivo mediante el cual se logra la descongestión a los juzgados actuantes de las causas que se encuentran en estado de archivo».
Parece increíble que ningún historiador, ningún genealogista, ningún investigador se muestre interesado en la conservación de este material y que los jueces consigan reducir a cenizas lo que puede ser la materia prima principal de la tragicómica novela judicial que jueces y abogados vienen protagonizando desde hace años en Salta.
