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  • Desestimados los recursos
  • El exjuez está acusado de recibir dinero a cambio de conceder el arresto domiciliario a César Oreja Martínez, acusado de tentativa de homicidio.
Claudio Alejandro Parisi, ante el Jurado de Enjuiciamiento
Claudio Alejandro Parisi, ante el Jurado de Enjuiciamiento

Junto a Claudio Alejandro Parisi, también se encuentran en prisión preventiva el abogado Roberto Ortega Serrano y el empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Alderete, así como otros involucrados que están siendo investigados por presuntamente actuar como intermediarios en el beneficio procesal.



La Sala III del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta, con la firma de la magistrada señora María Edith Rodríguez, ha desestimado los recursos interpuestos por Parisi, Ortega Serrano y Alderete, confirmando así la prisión preventiva decidida en su día por el juez Raúl Fernando López, titular del Juzgado de Garantías nº 1 de la ciudad de la Nueva Orán.

En la causa mencionada, el recientemente destituido Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de homicidio de su expareja.

Los fiscales recuerdan que Oreja Martínez fue acribillado de doce disparos en la puerta del domicilio en donde cumplía la prisión concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.

Oreja Martínez era hermano del exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, Conejo, quien también se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el exmagistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.

El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.

La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.



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