Esta información coloca por el momento en un segundo plano a la acusación de cohecho, que en un primer momento había sido informada por el propio Ministerio Público Fiscal, e insinuada por el propio Procurador General de la Provincia al decir a la prensa que Parisi «tenía una tarifa» para cobrar las prisiones domiciliarias.
La información oficial dice que Parisi fue detenido previa emisión de una orden de allanamiento del domicilio del juez, instada por los fiscales Mariana Torres, Alda Daniela Murua y Carlos Alberto Salinas, y firmada por el Juzgado de Garantías n° 1 de la ciudad de la Nueva Orán, señor Raúl Fernando López.
Se trata de una segunda orden de allanamiento librada por el mismo juez, ya que el primer allanamiento se llevó a cabo días pasados y la diligencia debe considerarse agotada, al igual que la autorización conferida en su momento.
En este segundo allanamiento no consta, sin embargo, que López haya solicitado la preceptiva autorización que prescribe el artículo 17 del Código Procesal Penal de Salta, ya que aunque desde el lunes pasado Parisi ya no es un sujeto aforado, sigue siendo un magistrado sujeto a enjuiciamiento hasta tanto el Jurado competente (Art. 160 de la Constitución de Salta) pronuncie su destitución, cosa que todavía no ha hecho.
La ley procesal salteña no habla de magistrados con inmunidad constitucional sino de magistrados «sujetos a enjuiciamiento», por lo que en el segundo allanamiento (el de su detención) se debió haber observado el procedimiento previsto en el artículo 17 del CPPS.
Finalmente, la comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta da a entender que Parisi no opuso resistencia a su arresto y que «acompañó voluntariamente al personal a cargo del operativo hacia el móvil oficial» y que por estas horas el juez se encuentra alojado en dependencias de la Comisaría de Policía de la ciudad de Hipólito Yirigoyen, a disposición de su todavía colega, el juez Raúl Fernando López.
