En un panel que analizó los principales desafíos en reformas organizacionales de la justicia, Ovejero ha explicado que el plan de oralidad apunta a «mejorar la gestión judicial y dar respuestas más oportunas y útiles a los justiciables, acordes a las exigencias de los nuevos tiempos».
También ha dicho la jueza salteña que el Código Procesal Penal, que rige en Salta desde el 2012, prevé la oralidad solamente para el acto de juicio y que la Corte de Justicia, por las suyas y sin refrendo legislativo, «resolvió introducirla en las etapas preliminar e intermedia de los procesos, a través de audiencias flexibles y multipropósito».
Entre las características destacadas por Ovejero figuran las llamadas Oficinas de Gestión Judicial, que tampoco tienen base legal, puesto que han sido creadas «por medio de instrumentos reglamentarios del propio Poder Judicial». Según Ovejero, el sistema “garantiza la flexibilidad de estos organismos y la constante adaptación a las funciones de asistencia a los jueces”.
También ha dicho la jueza salteña que en Salta funcionan organizaron “oficinas múltiples” (una para Garantías, otra para Tribunales de Juicio y la tercera para Impugnación), y no una oficina global, ya que en su momento se optó por un sistema de “flujo de trabajo” y no de cartera de casos. Finalmente, explicó que las oficinas se integraron con personal que ya trabajaba en los juzgados, adaptando sus funciones al nuevo modelo.
