Según la información oficial de la Corte, el IPSS deberá atender las prestaciones de psicopedagogía y maestra de apoyo a la integración escolar, conforme los valores fijados en la reglamentación de la Ley 24901, en las formas prescriptas por los profesionales de la salud que atienden al niño.
El alto tribunal ha citado el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño que expresamente dispone que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, o los órganos legislativos, debe atenderse en forma primordial al interés superior del menor.
No está cuestionada la hipocondroplasia (displasia esquelética) ni la discapacidad que padece el niño, hijo de los amparistas.
El debate se centra en el alcance de las prestaciones a cargo de la obra social, en particular el porcentaje de cobertura que debe brindarse.
La Corte de Justicia ha recordado que “existen leyes específicas de protección por la discapacidad que padece el amparista. Así, la Ley Nacional 24901 instituye un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad y la Ley Provincial 7600 adhiere a dicho sistema nacional".
“Esta Corte, a la par de haber ordenado la cobertura de un problema de salud ha hecho lugar al reintegro de gastos en casos similares, cuando resultó ser la consecuencia de la modalidad de dicha cobertura y por lo tanto el reconocimiento del crédito guardaba relación directa e inmediata con la protección de la salud del amparado”, han precisado además señalando que el reintegro es de carácter accesorio pues el principal objeto de la acción deducida no fue una cuestión patrimonial sino la protección integral del derecho del menor a la salud y, por consiguiente, a una adecuada calidad de vida.
