La sentencia ha sido pronunciada por el jue de Garantías Nº 4, Diego Rodríguez Pipino, quien ha declarado la responsabilidad penal del ciudadano César Ernesto Morales, conocido como Míster, autor de los delitos de coacción agravada y amenazas agravadas por el uso de arma.
El condenado es un varón de 39 años, quien ha sido sentenciado a la pena de nueve años de prisión efectiva tras ser juzgado y declarado culpable de un delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y la menor de edad de la víctima.
Según la información oficial del Poder Judicial salteño, el hombre condenado entró sin autorización a la habitación de un inquilinato y sometió a tocamientos a una joven que dormía en el lugar.
La jueza Soledad Rodríguez, integrante de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, ha condenado a un hombre de 39 años a la pena de nueve de prisión tras hallarlo culpable de un delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia en perjuicio de su stra menor de edad.
La sentencia ha sido pronunciada por la jueza Paola Marocco, de la Sala VII del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, quien ha declarado la responsabilidad penal del ciudadano Mariano Roque Suárez, autor de los delitos citados.
El escrito, fechado el día 23 de noviembre y suscrito por el señor Eduardo A. Barrionuevo y la señora Rubí Velázquez, se dirige a la presidenta del Consejo de la Magistratura, señora Sandra Bonari, y comienza reconociendo «el esfuerzo de quienes asumen la tarea de conformarlo y con dedicación llevan adelante tan importante misión».
Las renuncias de Miy y Mukdsi se suman a los cuestionamientos de Ignacio Colombo Murúa (el juez que denunció el presunto amiguismo en los concursos) y de Paola Marocco Lavilla, quien -como ahora lo ha hecho Mukdsi- se negó en su momento a firmar una «nota de apoyo» a la presidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza de la Corte de Justicia, señora Sandra Bonari.
El condenado es el ciudadano Nicolás Nahuel Cabrera, quien además estaba acusado de un delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, otro de desobediencia judicial y otro de lesiones graves agravadas por la relación de pareja previa y la motivación de género.
El condenado es el ciudadano Julio Víctor Quiroga, quien responde al familiar sobrenombre de «Pato», aunque por su apellido (y por su agresividad) merecería apodarse «El tigre de los llanos».
Pero es cada vez más necesaria, al menos para aquellos a los que les preocupan las denuncias de irregularidades, favoritismo, falta de transparencia y restricciones a la publicidad que recientemente han ensombrecido -aún más si cabe- las actuaciones del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta.
La Corte de Justicia de Salta continúa con el proceso de 'despapelización' y suma nueve juzgados al nuevo sistema de expediente digital.
Los promotores de la campaña pretenden que el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta convoque a una reunión informativa con los tres representantes titulares de esta corporación profesional ante el Consejo de la Magistratura de Salta, los abogados María Emilia Carabajal, César Martínez Urquiza y Graciela Abutt Carol, así como sus respectivos suplentes, Sergio Díaz Lenes, Trinidad Arias Villegas y Marcelo Escudero.
En su escrito -fechado el día de ayer, viernes 19 de noviembre, y dirigido al también juez Eduardo Barrionuevo- el señor Colombo Murúa niega con firmeza haber efectuado este tipo de manifestaciones ni «en sus presentaciones formales ante el Consejo de la Magistratura de Salta o por cualquier otro medio».
El condenado es el ciudadano Francisco Javier Filtrin, de 55 años, quien en un juicio anterior, celebrado en marzo de 2019 por los mismos hechos, había sido absuelto por aplicación del beneficio de la duda.
Mediante la resolución nº 1284/2021, de 17 de noviembre, el jefe de los fiscales del territorio ha instruido a sus subordinados para que, en su calidad de «directores de la investigación penal preparatoria» (Art. 85.a y concordantes del Código Procesal Penal de Salta), apliquen la regla inversa y frente a una muerte violenta con apariencia de suicidio presuma la comisión de un delito de homicidio doloso, «cumpliendo las pautas, protocolos y medidas previstas para tales tipos delictivos, desde las primeras diligencias y hasta tanto se puede descartar fundada y razonablemente el hecho doloso».
La Corte de Justicia de la Provincia de Salta ha entregado medallas en reconocimiento al personal que cumple treinta años de servicio en el Poder Judicial de Salta.
Esta vez la noticia está en los juzgados penales de Salta, en donde la jueza señora Carolina Sanguedolce ha resuelto enviar a prisión al ciudadano Nicolás Wenceslao Kotoff (32) a quien le ha impuesto una pena de un año de prisión efectiva por haber cometido cinco robos consumados, dos en grado de tentativa y un hurto simple.
El primero de estos espíritus flotantes es el pésimo diseño de su funcionamiento institucional, que en la práctica hace que todas las decisiones de un órgano concebido idealmente como independiente, se sometan al arbitrio (no siempre infalible) de la Corte de Justicia provincial, que, a través de la presidencia del Consejo de la Magistratura (pero no exclusivamente a través de ella), controla y condiciona todas las resoluciones y acuerdos que se adoptan.
El juez Federico Diez ha estimado la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por la defensa de un imputado de por el delito de lesiones culposas en accidente de tránsito.
Concretamente menciona a los juzgados de Personas y Familia de Tercera Nominación, el Civil y Comercial de Tercera Nominación y el de Procesos Ejecutivos de Cuarta Nominación, todos ellos del Distrito Judicial del Centro.
La información judicial, que no da pistas de quienes pudieran ser los legítimos progenitores de la criatura, dice que el 24 de septiembre pasado una mujer se presentó en el hospital de la localidad anteña de Las Lajitas para pedir un certificado de nacido vivo y de nacimiento de su hija, que había nacido el 18 de ese mismo mes.
Algunos de estos ejercicios de futurología dan por hecha la salida del propio Catalano (no ya de su cargo de presidente sino de su asiento de juez), así como la de la señora Sandra Bonari y los señores Horacio Aguilar y Ernesto Samsón, aunque en el caso de este último los rumores sobre su salida del tribunal no son precisamente nuevos.
La Corte de Justicia de Salta ha cursado una invitación a profesionales de diferentes ramas científicas que deseen desempeñarse como peritos judiciales a registrar su inscripción.
