Algunos de estos ejercicios de futurología dan por hecha la salida del propio Catalano (no ya de su cargo de presidente sino de su asiento de juez), así como la de la señora Sandra Bonari y los señores Horacio Aguilar y Ernesto Samsón, aunque en el caso de este último los rumores sobre su salida del tribunal no son precisamente nuevos.
Quizá lo más llamativo de estos cálculos palaciegos es la afirmación, contenida en un artículo periodístico publicado recientemente en Salta, de que uno de los cargos que probablemente queden vacantes, pudiera llegar a ser ocupado mediante el ascenso de «un juez del Tribunal de Impunidad» (sic).
Puede que se trate de un simple error de escritura, o puede también que estemos frente a la utilización irónica e ingeniosa de un nickname para el que se conoce institucionalmente como Tribunal de Impugnación, órgano superior del orden jurisdiccional de lo penal en la Provincia de Salta.
Como es de sobra conocido en el ambiente judicial, la reputación del citado tribunal viene siendo puesta en entredicho desde hace algún tiempo, pero últimamente más y no solo por haber sido aludido en una publicación periodística como «Tribunal de Impunidad».
El asunto parece estar vinculado con la resolución por el Consejo de la Magistratura de los concursos oportunamente convocados para proveer los cargos vacantes en el mismo tribunal, en los que al menos cinco jueces penales que actualmente ejercen sus cargos en otros órganos obtuvieron una calificación inferior a la de los secretarios del tribunal que también se presentaron al mismo concurso.
