Dice la información oficial que el procesado es el señor Álvaro Abraham Moruchi, a quien un tribunal inferior ha procesado por un delito de vejaciones calificadas.
La sentencia recurrida había declarado «abstracta» (carente de objeto, por satisfacción anticipada del mismo) la pretensión principal de la demandante que había ejercido una acción de reclamación de filiación, pues el hombre demandado, en el curso del proceso, procedió a efectuar el reconocimiento de su paternidad.
Quien ha dado esta orden tan particular es la Jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familias de Segunda Nominación de la ciudad de Tartagal, señora Carmen Juliá.
Esta errónea clasificación fue puesta de manifiesto por este medio el mismo día de la publicación de esta noticia en la página web del Poder Judicial salteño.
La información oficial del Poder Judicial salteño dice que el ciudadano Juan Gabriel Paredes ha sido juzgado y condenado en juicio abreviado a la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva. El juez Primucci lo ha declarado culpable de los delitos de robo por las circunstancias de hurto calificado, robo en grado de tentativa, encubrimiento y hurto en grado de tentativa.
En una entrevista concedida a ese mismo medio de prensa, el señor Fleming ha aclarado en primer lugar que las reglas procesales aplicadas al proceso son las del llamado Código Procesal Penal Federal que, desde junio de 2019, se aplica en los territorios de Salta y Jujuy, como paso previo a su entrada en vigor en todo el país.
La sentencia, pronunciada por la magistrada señora Carolina Sanguedolce, de la Tercera Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, ha condenado al ciudadano Carlos Benjamín Valconte como autor de los disparos, que provocaron heridas y hospitalización a dos personas.
Entre las «dependencias administrativas del Poder Judicial de Salta» se menciona, sorprendentemente, al Consejo de la Magistratura de Salta, que no «pertenece» al Poder Judicial de Salta y, menos aún «depende de él», como surge del tenor literal del parte de prensa que comentamos.
Según la comunicación oficial, Prado ha sido condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión por la comisión de un delito de robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda.
La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.
El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, ha condenado a Pablo Alejandro Ríos a la pena de ocho meses de prisión efectiva por resultar autor penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en perjuicio de su padre.
La información oficial dice que el trámite deberá formalizarse ante la Oficina Áreas de Tareas Generales, ubicada en el segundo piso del edificio de la Ciudad Judicial de Salta. El horario para la recepción de los formularios de actualización de daatos es 8 a 13.
El acusado es el ciudadano Fernando Emanuel Vizcarra, quien deberá responder ante un tribuna por los delitos de amenaza con arma y robo calificado por el uso de arma, según la información oficial del Poder Judicial salteño.
En línea con una jurisprudencia bastante extendida en la Argentina, el tribunal salteño ha considerado que la pérdida de confianza, como causa legítima de extinción del contrato de trabajo, deriva de la transgresión, por parte del trabajador, del llamado «deber de fidelidad», consagrado en el artículo 85 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El juez señor Aldo Primucci, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, ha condenado a un motochorro a la pena de dos años de prisión efectiva.
La información oficial dice que el trámite deberá formalizarse ante la Oficina Áreas de Tareas Generales, ubicada en el segundo piso del edificio de la Ciudad Judicial de Salta. El horario para la recepción de los formularios de actualización de daatos es 8 a 13.
De acuerdo a la información suministrada por el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, desde ayer, la Corte estará integrada de la siguiente forma:
La señora Teresa Ovejero, primera mujer que preside el más alto tribunal de justicia de la Provincia de Salta, y probablemente el más poderoso de todo el país entre los de su tipo, se ha estrenado con un discurso brillante, que ha concitado mucha atención y despertado legítimas esperanzas de cambio.
En un escrito extendido en 21 folios, Colombo manifiesta a la Corte de Justicia provincial su «total y absoluta disconformidad» con la resolución de la jueza Graciela Edith Moreno, que, a su entender, se aparta del derecho vigente e incurre en falta de motivación.
La jueza Azucena Margarita Vásquez, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Tartagal, ha condenado a José Luis Aguirre Aguilera a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos a motor por cinco años.
Ahora se ha conocido que un hombre de 47 años ha sido condenado por delitos parecidos -cometidos en perjuicio de dos de sus nietos- a la pena de ocho años de prisión efectiva.
El fiscal, señor Eduardo Villalba ha solicitado al tribunal que condene a Prado a una pena de ocho años de prisión, mientras que ha pedido un año menos para los otros dos acusados -ya declarados culpables- los empresarios Adrián Vera y Diego Alos.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta ha informado sobre una convocatoria de alcance nacional dirigida a familias de todo el país que se consideren en condiciones de adoptar a una adolescente de 13 años de edad.
Según el portavoz del Poder Judicial salteño, el ENRESP pretendía que la señora Nieto declarara la nulidad de la audiencia pública celebrada recientemente y en el curso de cual fue presentado el plan de provición de agua para Tartagal y Mosconi, así como un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
