La foto que ilustra estas líneas -distribuida por el propio gobierno provincial- muestra el momento en que «agentes» del referido programa distribuyen «módulos de refuerzo alimentario a familias originarias».
Las así denominadas «familias originarias» están conformadas, para empezar, por seres humanos que poseen todos los atributos de la personalidad humana; es decir, son personas humanas (y ciudadanos argentinos) mucho antes que «originarios».
La particularización étnica no ayuda en absoluto a comprender que su principal problema no es la raza sino la pobreza indigna que padecen; no por su culpa, claro está, sino por culpa del gobierno que mantiene a sus territorios aislados y atrasados con una clara intencionalidad política.
Así pues, no podemos hablar de «familias originarias» necesitadas, sino directamente de «salteños pobres», si lo que queremos es hacer justicia con su situación y evitar erigir irrazonables y enojosas barreras entre ciudadanos.
Lo que debe procurar el gobierno provincial -y no hace en absoluto- es evitar por todos los medios que las ayudas indispensables que deben recibir los pobres, cualquiera sea su etnia y el lugar del territorio que habitan, lleguen a los necesitados previa humillación institucional.
Es decir, se debe evitar, para empezar, fotografiar a los asistidos en su lugar de residencia (el gobierno hablará de hábitat, cual si se tratara de fieras salvajes en la sabana), retratar a sus niños (aunque no se les vea la cara) y a sus perros famélicos. No se les puede hacer firmar una planilla, ni obligar a que las personas esperen su «beneficio» a pie de camioneta.
Y, por supuesto, el gobierno -por razones que son manifiestas y obvias- no puede explotar en su beneficio las ayudas, ni hacer propaganda con la humillación institucional organizada que supone su entrega sobreactuada, pues ninguna norma jurídica ampara la difusión de estas actuaciones, y la discreción no es solo un signo de respeto hacia las personas asistidas, sino también un gesto de consideración hacia el resto de la sociedad.
La focalización no ayuda a gobernar mejor; ni siquiera a calmar las conciencias más incómodas. Este tipo de operaciones destruye la unidad de la república y las bases igualitarias que la sustentan.
No puede haber, en un mismo territorio, ciudadanos sujetos al foco paternalista del Estado y otros liberados de tal peso. Los «focalizados» son los primeros que deberían protestar contra este trato humillante; y si no lo hacen ellos, son sus semejantes «no-focalizados» los que deben exigir del gobierno (a través de sus legisladores y de sus intendentes) un comportamiento ejemplar y recatado, a la altura de una sociedad decente.
