Durante al menos diez de aquellos quince años, sin dejar de tener como norte a la verdad, la «causa» se apartó notablemente de la búsqueda de justicia para una víctima fallecida y se enfocó en la defensa cerrada de la inocencia de un preso condenado, sin pruebas, a la pena más dura prevista en nuestro Ordenamiento.
La liberación de Vera, a finales de 2023, logró apaciguar a estos interesados y oportunistas, pero no consiguió hacer revivir —al menos no con idéntico entusiasmo— la legítima ansiedad de los salteños y salteñas por el esclarecimiento de los crímenes.
A ello contribuyó sin dudas la vergonzosa resolución de la situación procesal de Vera por parte del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta, que, el 30 de diciembre de 2024, en vez de pronunciar sin hesitación la total ajenidad de Vera respecto de los hechos, declaró insubsistente la acción penal emergente del delito, por haberse excedido el tiempo de juzgamiento razonable.
Esta «solución» ideada y diseñada desde instancias judiciales aun más altas que el Tribunal de Impugnación, tuvo efectos casi inmediatos: En una recordada rueda de prensa, el jefe de los fiscales de Salta, envalentonado y con aires de suficiencia soberanista, dijo algo así como: «Que vengan los franceses aquí y que digan todo lo que tengan para decir».
El asertivo fiscal era perfectamente consciente en aquellos momentos de que la inercia o la quietud de los prosecutors salteños amenazaba con poner en marcha la (por aquel momento) congelada maquinaria judicial en Francia.
En el tiempo que media entre la liberación de Vera y la teórica apertura de una «nueva investigación» por los fiscales salteños, «bajo un esquema de abordaje integral» (que vaya a saber uno en qué consiste y en qué difiere de otras investigaciones de casos complejos), hemos escuchado de parte del padre de una de las víctimas promesas catastróficas, como la que formuló a finales de febrero de 2024 y que consistía en «arrojar una bomba atómica» sobre Salta si es que en julio de aquel año no había avances sustantivos en la investigación del crimen de su hija.
En el ínterin nos enteramos también de la contratación de carísimos y renombrados abogados parisinos para que se hicieran cargo del asunto, y de la existencia de una supuesta «lista» de sospechosos salteños que el padre de la víctima iba a presentar a la justicia francesa para hacerlos declarar. En teoría, los salteños íbamos a conocer de primera mano no solo quiénes están comprometidos en el asunto, sino también la responsabilidad que a cada uno se asigna en el crimen de las turistas francesas.
También han quedado en el aire amenazas como «hacer que el rally Dakar no pase nunca más por Salta» o «bloquear las inversiones de las mineras francesas en el litio salteño». Al parecer, al personaje le fascina escribir emotivas cartas a los embajadores y a los ministros, que muy pocas veces les son respondidas. El poder escondedor de los gauchos ladinos, que es insondable, le gana una y otra vez la batalla.
Ninguna promesa se ha concretado, y cuando faltan poco menos de 150 días para que el asunto sea engullido por las siniestras fauces de la prescripción argentina (que es exactamente lo que los perpetradores pretendían), el jacobino de la guillotina mota se ha presentado a los fiscales de Salta para no decir mucho más que lo que dijo en todos estos años: Que el juez Pérez es lâche, que Catalano lo traicionó, que Urtubey es un mentiroso consumado, que los policías plantaron pruebas, que las fechas de la muerte no concuerdan y que se investigó con los pies y no con la cabeza.
Nada nuevo. Desde luego, nada que pueda ayudar a los fiscales salteños a hacer progresar su «abordaje integral» en la búsqueda de la verdad que nos ha sido escamoteada; nada ni siquiera parecido a la «bomba atómica» prometida y que algunos salteños decentes esperan todavía con cándida ilusión.
