A Estrada no le parece para nada anormal que un diputado nacional en ejercicio organice una red cuasimafiosa para difamar a opositores políticos en las redes sociales, y que sus integrantes sean remunerados con dinero público, pero sí le parece «bastante particular» que «los diez legisladores que tiene Salta en el Congreso Nacional voten con Milei».
La situación es un poco extraña, desde luego; pero no porque los diez legisladores nacionales salteños apoyen, con o sin condiciones, al gobierno nacional, sino porque, cuando fue diputado nacional, Estrada formó parte de la mayoría parlamentaria del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y, hasta la fecha, que se sepa, no se ha arrepentido de votar a libro cerrado la iniciativas de este Presidente.
Y es todavía más rara la situación si se tiene en cuenta que Estrada fue electo diputado nacional por Salta en las listas de Gustavo Sáenz; aunque bien es sabido que, nada más sentarse en su escaño, abandonó la línea política del Gobernador de Salta, para seguir la de Alberto Fernández y convertirse en un alfil parlamentario de La Cámpora.
Por tanto, si Estrada hizo en su momento lo que le dio la gana con su lealtad política, ¿es un pecado mortal que Royón haga lo mismo?
Evidentemente, la señora Flavia Royón no llegó a la Cámara de Senadores de Nación con un mandato imperativo. No fue elegida para «oponerse sistemáticamente» al Presidente de la Nación (del que fue funcionaria, recordemos), sino para hacer lo que ella (y nadie más que ella) considerara conveniente.
Si los diez legisladores nacionales por Salta «votan con Milei» es, entre otras razones, porque tanto Emiliano Estrada, como Juan Manuel Urtubey se quedaron en el entorno de los 8 por cien de los votos en las pasadas elecciones legislativas; es decir, muy lejos de aspirar a un escaño en el Congreso Nacional.
La afirmación de Estrada no es del todo cierta, porque el diputado nacional Bernardo Biella, electo justamente por el saencismo (igual que Royón), salió en todos los diarios por votar en contra del capítulo 11 de la ley de presupuesto de 2026, que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, sancionadas con anterioridad por el Congreso Nacional.
Este voto demuestra que los reparos de Estrada al voto de Royón carecen de justificación y que los legisladores nacionales afines al gobierno de Salta no votan sistemáticamente junto a los libertarios, sea que obtengan algo a cambio, o que no obtengan nada.
Quien se refugia en la «libertad de expresión» para tratar de disimular conductas abyectas, debería por lo menos respetar la libertad de voto de los legisladores, cualquiera sea el partido que los haya elegido, cualquiera sea la forma en que piensen.
