Se roban tizas en las escuelas y el nombre del ladrón se conoce inmediatamente. ¿Por qué no sucede lo mismo cuando un médico roba equipos de un hospital público?

Incluso cuando se producen hechos de corrupción en la Policía de Salta (en donde crecen como hongos las redes financieras ilegales) o en el Servicio Penitenciario (una coladera en materia de estupefacientes), se conocen casi al instante los nombres de los presuntos responsables.

Es más; cuando roban los intendentes municipales de los pueblos alejados, se los empapela inmediatamente por peculado. Pero cuando la corrupción ronda los despachos de las ciudades más grandes (ocupados por gente «más blanquita»), alguien hace la vista gorda.

Es notable, pero cuando los médicos de guardia en los hospitales deciden ausentarse sin aviso (hecho tan grave como asentarse una factura) o un facultativo se lleva prolijamente oculto en su maletín un costoso aparato del área de neonatología del hospital público para hacerlo funcionar, como si fuese suyo, en una clínica de la que es socio, nunca sale a la luz el nombre del responsable del desaguisado.

Hemos llegado a vivir la vergüenza de que una clínica privada falsifique impunemente la firma de un médico conocido y probadamente decente y que el nombre del falsificado aparezca en todos los medios de comunicación, pero que no se difunda ni bajo tortura el nombre del presunto falsificador.

Así funcionan las cosas en Salta.