Dejando a un lado el mal gusto en la identificación de los grupos consumidores y arbitraria la amalgama entre ellos, estas declaraciones dejan entrever que algunas panaderías de la ciudad venden (a mitad de precio, o quizá a precio completo) el pan viejo a sus clientes menos pudientes, mientras que otras lo regalan.
La ley salteña debería empezar por prohibir a las panaderías, cualquiera fuese su dimensión y su ubicación, vender el pan elaborado el día anterior.
Y debería obligarles además a suscribir convenios con organizaciones benéficas o de asistencia social para entregar a estas todo el pan no vendido, para que sean ellas las que se encarguen de su distribución y aprovechamiento con criterio solidario.
De lo que se trata es de acabar con la venta del pan viejo y, de paso, con la caridad directa de los panaderos, en beneficio de la actividad de organizaciones sociales reconocidas por el Estado, como comedores escolares, bancos de alimentos locales, albergues de personas sin hogar, centros de mayores o asociaciones que atienden a personas que sufren adicciones.
La entrega del «pan de ayer» a organizaciones benéficas redundará también en una mayor seguridad de los establecimientos, por cuanto trasladará la presión alimentaria –que en algunas ocasiones se ejerce con violencia– de las panaderías a las organizaciones especializadas en tratar con personas necesitadas o conflictivas.
Una ley salteña sobre desperdicio alimentario no solo tendría impacto en el gasto de los hogares, sino también en términos de consumo de materias primas y de energía; sin contar con el efecto dinamizador que la medida tendría sobre la actividad de unas organizaciones caritativas que podrían beneficiarse de la entrega gratuita, programada y controlada, de alimentos no vendidos que aún son aptos para el consumo.
