¿Es 'federal' la campaña sucia que Estrada ha lanzado contra Sáenz?

Estrada y su abogado entienden que los hay porque, según ellos, la investigación fiscal tiene por objeto «expresiones que habría realizado en mi rol de Legislador y supuesto desvíos de trabajos y servicios de asesores del Congreso».

En principio, Estrada no niega ni lo uno ni lo otro. Es decir, no dice que no dijo lo que dijo, y parece aceptar que asesores contratados y pagados por el Congreso Nacional han trabajado en tareas que nada tienen de «federales».

Al parecer, el diputado nacional por Salta cree que el cargo que ejerce le confiere carta blanca para meterse en la política provincial, cuando y como lo desee, aun cuando los asuntos locales no estén de ningún modo vinculados con la legislación federal.

Estrada piensa que su condición de aforado le confiere un plus de derechos en la disputa política local y que no solo es inmune sino también impune, tanto a nivel federal como a nivel provincial.

En base a estas suposiciones, el legislador piensa que la fiscal Cornejo es «incompetente por razón de la materia», pero también es «incompetente porque sí», ya que no solamente ve «incompleto» el trabajo de la fiscal sino que también cree que su imputación es «un disparate jurídico».

Dice Estrada en el escrito que remitió a la fiscal que esta ignora el artículo 68 de la Constitución Nacional, que establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Pero este precepto constitucional se refiere a a su mandato representativo como legislador federal y no se extiende de ningún modo a sus actividades como opositor en su provincia.

Es decir, el artículo 68 de la Constitución Nacional no protege a ningún diputado por lo que pudiera hacer en exceso o con abuso de su mandato, o simplemente fuera de él. La inmunidad no cubre, por ejemplo, la impartición de órdenes ilegales a los empleados legislativos ni la orquestación de campañas políticas de ningún tipo en el ámbito exclusivamente local.

Dice finalmente Estrada que “La defensa de la legalidad en la provincia no está en manos de quienes nos debieran brindar tranquilidad suficiente”. Del mismo modo, por lo que se ve, da la impresión que la defensa de la legalidad federal tampoco está en manos de personas idóneas que, lejos de buscar la tranquilidad, parecen no ahorrar esfuerzos en envenenar la convivencia de sus semejantes.