Solo 200 de estas unidades (aproximadamente el 17%) estarán destinadas a familias con necesidades especiales, que podrán acogerse al programa social denominado Casa Propia.
Dice el gobierno provincial en comunicación oficial que, a pocas semanas de haber sido lanzado el plan de ahorro previo para viviendas públicas, más de 2.500 personas han completado el formulario electrónico correspondiente.
El plan de ahorro previo del gobierno está reservado para familias que acrediten ingresos económicos iguales a superiores a seis salarios mínimos, con lo cual el plan ideado por el ministro Camacho no parece en principio muy obediente del precepto constitucional que obliga a los poderes públicos a facilitar el acceso de sectores de menores ingresos a una vivienda pública (Art. 37 de la Constitución de Salta).
Dice la comunicación del gobierno que, para confirmar la postulación, los aspirantes deben asumir el compromiso de pago de un ahorro previo que varía entre 30.000 a 40.000 UVIs. Esta cantidad se podrá abonar en un solo pago o fraccionado, con anticipo y 12 o 18 cuotas según la vivienda seleccionada.
El pago anticipado se concretará -dice el gobierno- cuando se haga el sorteo.
Al menos el señor Camacho ha tenido el buen gusto de excluir de ambos sorteos a los altos empleados del gobierno (la comunicación oficial utiliza la incorrecta expresión funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial), sus parientes hasta primer grado y/o conviviente y/o cónyuge, además de intendentes, diputados y senadores mientras dure su mandato.
Concejales, jueces, fiscales, testaferros, hermanos y cuñados de funcionarios se pueden apuntar tranquilos.
