Se trata de una decisión inexplicable desde el punto de vista procesal, toda vez que el Sumo Pontífice no es ni ha sido parte del procedimiento. Recordemos que en estas actuaciones se ventila la presunta responsabilidad de cuatro sacerdotes de muy diferente graduación por supuestos actos de violencia de género contra unas monjas de clausura de la ciudad de Salta.
Pero el «garante» de tal acuerdo es Belda Iniesta y no el papa Francisco. Si el Papa ha delegado en Belda y tal delegación consta acreditada en el expediente, a quien corresponde notificarle es a delegado y no al delegante, aunque por encargo del sucesor de Pedro se haya pedido en su momento en el proceso que se contemplen determinadas excepciones a la rigurosa orden de alejamiento emitida por la propia Cáceres Moreno. Orden que por cierto fue «flexibilizada y multipropositada» por la jueza mediante la interposición de policías, a modo de escudos humanos, en los encuentros entre curas y monjas. Es decir, los verdaderos «garantes» eran los uniformados, y no el delegado pontificio.
El exceso notificatorio de Cáceres Moreno es tan exagerado que solo se lo puede comparar con una notificación dirigida al presidente Joe Biden de una orden de alejamiento emitida contra un ciudadano norteamericano residente en Campo Quijano.
Es sumamente extraño que Cáceres Moreno, en un procedimiento civil, llame todo el tiempo a Cargnello «señor» (omitiendo su tratamiento eclesiástico) y, por el contrario, al papa Francisco le llame «Su Santidad».
Más extraño es todavía que la jueza exija a dos abogados que denuncien el correo electrónico de un asistido suyo (Belda Iniesta), lo que obligaría a los letrados a violar su deber de confidencialidad. Si Cáceres Moreno no tiene el email de Belda Iniesta, o lo averigua fuera del proceso, por las suyas, o se arriesga a mandar su sentencia por un formulario de contacto de la página de la Santa Sede, con el riesgo de que su mensaje vaya a parar a la bandeja de spam.
Pero en caso de que la resolución del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 3ª Nominación de Salta llegue a la mesa de entradas vaticana -cosa que se antoja un poco difícil- el equipo jurídico del Papa se enterará pormenorizadamente de los epítetos supuestamente proferidos por el arzobispo Cargnello a las monjas carmelitas, entre los que sobresale el insulto de «demoníacas».
Es inexplicable que Cáceres Moreno no haya imputado a Cargnello (y al cura Pinto) un delito de omisión de sus deberes, pues como máximos responsables del exorcismo en Salta, si alguno de los dos consideraba que las monjas estaban poseídas por Lucifer, lo correspondiente era someterlas a algunos pases mágicos y no a insultos descalificadores.
Lo que parece claro es que si en vez de utilizar esa expresión (o su equivalente «endemoniadas») el Arzobispo salteño hubiera caracterizado a las monjas como «representantes del maligno en la Tierra», el asunto se tendría que haber archivado o sobreseído por haber «devenido abstracto», pues si el jefe de la misma multinacional fundada hace dos mil años por el hijo de un carpintero de Nazaret aceptó de buen grado un insulto de esta guisa, si al final lo perdonó y le dio palmaditas en la espalda a su ofensor, ¿por qué no habrían de hacerlo las monjas?
Es más: el mismo insultador serial, desde su alta investidura, llamó «traidores» a varios gobernadores de provincia, sin que a ninguno de ellos se le hubiera ocurrido meterle una denuncia por «violencia psicológica, simbólica o sintética».
Aunque todavía esta historia está muy lejos de su final, lo más excitante de todo es que Cáceres Moreno ha abierto, por fin, la posibilidad de que sentencias salteñas crucen el Atlántico y que su autoridad judicial vallista se imponga con fuerza en sitios con una cultura jurídica varias veces milenaria. Hay que enseñarles a estos infieles descendientes del emperador Justiniano cómo ha evolucionado, para bien, el vetusto Derecho Romano en el Valle de Lerma.
El razonamiento es muy simple: Si el Arzobispo ha hecho el ridículo, no hay problema para que también lo hagan los jueces.
