Las familias (usuarios residenciales) -que no tienen forma de defenderse- afrontan los aumentos como buenamente pueden. Se quejan, pero no tanto como los empresarios, que no contentos con haberse blindado contra los aumentos y de disfrutar de ayudas financieras del gobierno para poder pagarlos, anuncian ahora que tomarán más medidas, porque están «desesperados». De la desesperación de las familias nadie habla.
A la empresa distribuidora y al Ente Regulador de los Servicios Públicos les interesa obviamente que los usuarios de la luz sigan consumiendo la cantidad de kilovatios hora que venían consumiendo antes del aumento, y, a ser posible, que consuman todavía más.
Ninguno de ellos está convocando al ahorro ni promueve buenas prácticas en tal sentido, como el uso de aparatos de comprobada eficiencia energética y la desconexión de aparatos y luces cuando no se necesitan.
Al contrario, el gobierno -especialmente a través de la Secretaría de Participación Ciudadana- promueve, como lo hacía Urtubey, la venta de anafes a las familias más pobres. Estos aparatos consumen aproximadamente el doble de lo que puede consumir, a pleno funcionamiento, un aparato de aire acondicionado split con tecnología inverter.
Encender un anafe equivale a iluminar la casa con 400 lámparas LED de 6 vatios o tener diez pantallas planas de computadora encendidas al mismo tiempo.
En un contexto de fuerte encarecimiento de la energía eléctrica y de crisis en la generación, es aburdo e inexplicable que el gobierno venda anafes; no solo por el impacto negativo que estos aparatos tienen sobre el medio ambiente, sino especialmente porque su uso multiplica por cuatro el consumo de luz de cualquier familia y agrava sustancialmente el costo de su factura mensual.
El 90% de las instalaciones domiciliarias en Salta no están preparadas para soportar el funcionamiento seguro de los anafes. El gobierno los vende con la única condición de que el usuario esté al corriente en el pago de las facturas de la luz, pero se desentiende completamente de la calidad de la instalación eléctrica de su casa, lo que equivale a decir que le importa un pepino si, por causa de los anafes, se producen incendios, cortocircuitos o accidentes graves.
Además, hay que pagar el anafe. Un negocio redondo para el gobierno.
¿Que el gas natural está caro y no llega a todos los lugares? Es verdad; pero todavía nos queda el viejo recurso a las garrafas de gas envasado, que se han usado toda la vida y cuya distribución y comercialización debería asegurar el gobierno con criterio social.
Con la misma responsabilidad y detalle con que el gobierno recomienda a las personas protegerse de las picaduras del mosquito, debería aconsejar a los usuarios la mejor forma de ahorrar en el consumo eléctrico y no aparecer ante los ciudadanos como protector de empresarios avariciosos y garante del negocio cautivo de la empresa distribuidora.
