Según parece desprenderse de los términos de un comunicado «interno» del hospital, de las retricciones que van a poner en práctica tienen la culpa «las medidas impulsadas por Javier Milei, como la desregulación de la economía y el freno en el envío de recursos a las provincias».
El San Bernardo ha dicho que suspenderán las operaciones quirúrgicas «no prioritarias», pero esto solo tiene dos lecturas: una es que antes, cuando había plata, los cirujanos operaban cualquier cosa, simplemente para pasar el tiempo, incluso aquellas patologías que no requerían una intervención; otra lectura posible es que los pacientes que necesitan operarse (aunque su padecimiento no sea «prioritario») deberán requerir los servicios de un cirujano privado.
De hecho, el actual gerente del San Bernardo ha privatizado parcialmente las cirugías puesto que está pidiendo a los pacientes que deben someterse a operaciones «prioritarias» que cuando entren al quirófano lleven debajo del brazo seis electrodos para monitorización cardiaca, que deberán pagar de su bolsillo.
Es de suponer que con esta política, los «no prioritarios», si quieren operarse, deberán pagar hasta la luz del quirófano.
Al lado de esta medida tan bienhechora para la salud de las personas, el hospital ha adoptado otras de similar calado:
No habrá pruebas complementarias «a pacientes que no cuenten con historia clínica en el HSB ni con el registro de la atención donde se solicitó dicha práctica». Lo que nos viene a decir que eso de la historia clínica digital (que supone la fácil movilidad de los antecedentes entre diferentes centros sanitarios) parece que es puro cuento.
También se ha anunciado que “la atención de turnos programados en consultorios externos se reducirá”. Bien leído, no se reducirá la atención de los turnos aún no programados sino de los ya programados, que es bastante más complicado.
Por otro lado, la farmacia central del San Bernardo no entregará medicación de patologías crónicas a pacientes ambulatorios. Afortunadamente no dice que tengan que ir a comprarlos, pero en un alarde de solidaridad que espanta, el hospital ha decidido que el paciente crónico vaya a buscar sus medicamentos “al centro de salud correspondiente a su domicilio o a gestión de pacientes del Ministerio de Salud Pública”. ¡Dejen de presionar a la farmacia del San Bernardo!
Un poco más de suerte tienen los pacientes que han recibido el alta hospitalaria después de una internación. En su caso, la farmacia del San Bernardo les proveerá de los medicamentos necesarios, pero solo para 48 horas de tratamiento. Después, deberán buscarse la vida.
Hospital autogestionario, en los papeles
Un hospital que deba reducir de semejante forma los servicios que presta, porque su financiación depende de las decisiones que adopta el Presidente de la Nación, es cualquier cosa menos un hospital de autogestión, por más que los médicos que lo dirigen se pongan a patalear.El gobierno no puede permitir que un hospital de esta complejidad e importancia para Salta y la región tome este tipo de decisiones sin consultarlas con nadie, pues no solo está afectando a la salud pública, sino que está poniendo en riesgo también las políticas del gobierno.
Todo lo que ha anunciado el San Bernardo ayer hace pensar que los recursos del hospital han venido siendo muy mal administrados durante la última década.
Cualquier hospital puede reducir gastos si se lo propone seriamente. Pero de allí considerar «superflua» una operación quirúrgica o el suministro de medicamentos a sus pacientes hay una apreciable distancia.
