Evidentemente, lo que no quiere Javier Milei es que alguien pueda llegar pensar que ha tensado demasiado la cuerda con sus iniciativas para luego -calculadamente- aflojarla de a poco y ver si alguna de sus reformas termina prendiendo, aunque sea por cansancio.
Una de las reglas no escritas de la política «práctica» enseña que no se debe arrinconar al adversario ni soñar con aplastarlo. El adversario es tan necesario y útil para el que transitoriamente ejerce el poder, como lo son las medidas políticas que desde el poder se pretende poner en práctica. Por tanto, cuando grupos opuestos se enfrentan en política, cada uno de ellos debe procurar dejarle al otro una puerta abierta para que pueda salir dignamente del asunto, especialmente cuando las posturas de uno o de otro no pueden ser sostenidas hasta el final.
El «no pienso negociar nada» de Milei es, por tanto, no solo peligroso para sus opositores sino especialmente para él mismo. Porque el Presidente -quizá más que ninguno- necesitará en algún momento una vía de escape que le permita seguir gobernando sin tener la sensación de que ha fracasado. Los opositores -sobre todo, los más intransigentes, como la CGT y la izquierda, que no son precisamente quienes pueden dar a nadie lecciones de éxito- deberían pensar que la caída del gobierno es lo peor que le puede pasar al país en estos momentos.
Milei solo tiene que fijarse en la historia más reciente. Y la historia enseña que, aunque con grandes dificultades, Raúl Alfonsín pudo recomponer y reorientar su gobierno después del formidable batacazo que fue la sonora caída de la «ley Mucci», con la que intentó acabar con el modelo sindical peronista. Carlos Menem, por su parte, fracasó en su intento de parchar la economía nacional con el ministro Néstor Rapanelli y su alianza ultraliberal con el grupo Bunge y Born. Ambos consiguieron, no obstante, rectificar y seguir gobernando.
Probablemente ninguno hizo buenas elecciones después. Alfonsín terminó entregando el control del Ministerio de Trabajo al mismo sindicalismo peronista que había denostado durante la primera parte de su periodo de gobierno y Menem terminó atrapado en las redes de la convertibilidad, diseñada por un hombre que abandonó el gobierno tres años y medio antes de la conclusión de su segundo periodo, y terminó cediendo también a los sindicatos peronistas entre 1997 y 1999.
Quizá Milei tenga la suerte de poder hacerlo mejor; pero seguramente no lo conseguirá si se empeña en seguir despreciando las reglas más antiguas de la política. La Constitución solo le atribuye el poder exclusivo (cuyo ejercicio no es susceptible de ser revisado ni corregido por los tribunales de justicia) de apreciar la excepcionalidad y, por tanto, la necesidad y la urgencia. Del contenido hay que hablar, por supuesto.
Que las iniciativas del Presidente -aun las urgentes- se conviertan en normas obligatorias depende, no obstante, del Congreso Nacional. Es allí donde el Presidente tiene que jugar sus cartas; es allí donde las voces discrepantes se tienen que hacer escuchar y hacer valer sus argumentos. No en los tribunales, que tendrán ocasión de pronunciarse solo una vez que se cuestione la constitucionalidad del contenido, pero una vez que estas hayan pasado por el Congreso Nacional. No antes.
Una derrota aplastante de la oposición no mejoraría sustancialmente la gobernabilidad del país y rebajaría el tono de nuestra democracia. Un fracaso del gobierno sería aún peor, porque Milei debería renunciar y dejar el país en manos de aquellos en los últimos 20 años no han demostrado el más mínimo compromiso democrático y han llevado a la Argentina a una catástrofe sin precedentes en la historia.
Por eso, tanto para unos como para otros, siempre será conveniente dejar una puerta abierta y renunciar al sueño de aplastar al adversario.
