Según la información oficial del gobierno provincial salteño, la plataforma ya se encuentra disponible online en la dirección URL https://yogobierno.salta.gob.ar, y en las apps para dispositivos móviles que se pueden descargar en Google Play y Apple Store.
Al decir Estado la comunicación oficial se refiere en cualquier caso al gobierno, puesto que los ciudadanos forman parte inescindible del Estado y de ningún modo son ajenos a él.
El lanzamiento de la plataforma ha tenido por escenario el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, en donde el titular de esta cartera, señor Ricardo Villada ha subrayado que “la posibilidad de vivir mejor tiene que ver con la participación”. A juicio del funcionario, la gente «ya no se conforma con una democracia que se limite solo al proceso electoral».
Según la información oficial del gobierno, los ciudadanos interesados en compartir sus ideas con el gobierno se encontrarán con un formulario sencillo de completar y deberán etiquetar su propuesta con alguna de las categorías como salud, educación, género o pueblos originarios. entre otros.
Del mismo modo podrán definir el alcance territorial del proyecto a través de la geolocalización y subir imágenes y archivos.
Ausencia de ley
Aunque los funcionarios del gobierno que han participado del acto de lanzamiento han dicho que el diseño de la plataforma ha contado con el asesoramiento de países extranjeros (sin concretar si tal asesoramiento se ha limitado solo a la materia tecnológica o si se ha extendido a los aspectos legales de la aplicación, nada se ha informado acerca de que el funcionamiento de esta plataforma estuviera regulado por una ley.Por el momento se desconoce de qué forma serán tratados los datos personales de los ciudadanos autores de las propuestas que se suban a la plataforma, y el grado de audiencia o aprobación necesario para que las propuestas se conviertan en vinculantes para el gobierno.
A falta de una ley que delimite con precisión el alcance de esta plataforma gubernamental y establezca con claridad los derechos de los ciudadanos que participan y las obligaciones de los receptores de las propuestas, así como un sistema objetivo y transparente de evaluación de su viabilidad, se entiende que lo que hará el gobierno a través de este sistema será simplemente coleccionar propuestas ciudadanas para utilizarlas cuando y como le convenga (aprovechar la inteligencia colectiva y apropiarse de sus productos), sin en ningún caso dar razones para elegir unas y desechar otras.
