Solo el titular de la noticia habla del destino humano del nuevo colegio, que se describe como «un moderno establecimiento escolar». En el desarrollo de la noticia no se menciona el hecho de que los futuros alumnos del colegio serán miembros de las «comunidades originarias».
El hecho de que el colegio haya sido construido en un paraje habitado mayoritariamente por miembros de las etnias originarias, no justifica la creación de un colegio especial, del que se hallen excluidos otras personas con los mismos derechos.
El Estado provincial tiene, por supuesto, la obligación de garantizar el derecho a una educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas, que se deriva del tercer párrafo del artículo 15.I de la Constitución, pero el cumplimiento de esta misma obligación supone que dicha educación se deba impartir en los mismos centros a los que acuden todos los demás alumnos, con independencia de su etnia, y no en establecimientos «especiales» que, de existir, solo contribuirían a aumentar el riesgo de estigmatización.
Sostener lo contrario (es decir, que pueda haber colegios solo para «originarios») supone renunciar a la potencia integradora del sistema educativo, a su capacidad de formar ciudadanos iguales, capacitados para «convivir en una sociedad democrática participativa basada en la libertad y la justicia social».
Si se tratara de un simple error de comunicación, convendría revisar los protocolos informativos para ajustarlos a la realidad y evitar por todos los medios que los ciudadanos se hagan la idea de que el Estado fomenta de algún modo la segregación racial.
