El futuro de la democracia española en manos de un prófugo de la justicia

Junts ha obtenido ayer siete escaños en el Congreso de los Diputados, uno menos de los que tenía en la pasada legislatura, pero suficientes para convertirse en decisivos a la hora de facilitar una nueva investidura de Pedro Sánchez, el candidato del Partido Socialista Obrero Español.

La dirección federal de este partido se ha reunido esta misma mañana, y de las primeras informaciones surge que para el Presidente en funciones no habrá bloqueo institucional ni repetición de elecciones tras el virtual empate entre los bloques de la izquierda y la derecha en las elecciones de ayer. «España es una democracia parlamentaria con sus plazos y procedimientos. Esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad», ha dicho, muy seguro, Pedro Sánchez.

Por otro lado se ha sabido también que Sumar, el partido ultraizquierdista fundado por Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez, se ha puesto manos a la obra con las negociaciones con Junts pel Sí (con Puigdemont) para formar un nuevo gobierno presidido por Sánchez y reeditar la coalición que actualmente gobierna España.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, conocido en América del Sur y en buena parte del mundo democrático por su sólido apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro, no ha dudado en decir que el PSOE «debe» pactar con Puigdemont, el mismo día que se ha sabido que la Fiscalía de Madrid se ha dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para pedirle que curse la euroorden de busca y captura de Carles Puidgemont, que permanece prófugo de la justicia española desde el 29 de octubre de 2017, un día después que el gobierno de Mariano Rajoy lo cesara como President de la Generalitat de Catalunya en aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española de 1978.

Puigdemont, que desde entonces ha venido eludiendo la acción de la justicia española, pese a haber sido varias veces detenido (en Alemania y en Italia) se encuentra procesado por los delitos de rebelión y malversación. En la base de esta acusación se encuentra no solo la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sino la declaración de Puigdemont desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, el 27 del mismo mes, de la independencia unilateral de Cataluña, en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Aunque la declaración de independencia no se registró en el Parlamento catalán y el propio Puigdemont reconoció unos días más tarde que carecía de validez jurídica, aún no ha respondido de sus actos, mientras que otros miembros de su gobierno fueron condenados y estuvieron en la cárcel hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez los indultó.

Ahora, es este mismo ciudadano el que se prepara para pactar con el Partido Socialista Obrero Español el próximo gobierno de España, cuando ni se ha presentado a la justicia ni ha dejado de expresar en todo momento su desdén y su desprecio por la democracia española, por el Jefe del Estado y por el Poder Judicial.

Si Pedro Sánchez consigue formar nuevamente gobierno con apoyo de los independentistas de Junts o los diputados de EH Bildu, herederos de la antigua Herri Batasuna, la democracia española habrá cedido las presiones de los nacionalismos excluyentes que tienen en común su rechazo por la Constitución de 1978 y por el Estado español y que en los últimos años han demostrado que sus intenciones no son precisamente las de favorecer la gobernabilidad de España -como antaño lo hicieron el PNV y CiU (Xabier Arzallus y Jordi Pujol)- sino la de hacer avanzar su propósitos secesionistas.

Mientras, el candidato del Partido Popular, el gallego Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones de ayer en votos y en escaños, ha reivindicado «su derecho» a formar gobierno y ha pedido al PSOE que facilite su investidura. Feijóo ha pagado ayer un alto precio por los pactos regionales y municipales de su partido con la ultraderechista Vox, enemigo declarado de los nacionalismos y abierto partidario de limitar el Estado de las autonomías.

Si bien el bloqueo institucional y la repetición de las elecciones no parece estar en la agenda de nadie por el momento, una enorme mayoría de ciudadanos en España no vería con buenos ojos la investidura de Pedro Sánchez gracias a Carles Puidgemont o a los antiguos batasunos, como tampoco vería razonable un gobierno conjunto entre Alberto Núñez Feijóo y Vox.

Las posibilidades de que en España gobierne una «gran coalición» (entre PP y PSOE) son ahora mismo mínimas, pero hay voces autorizadas en los dos partidos que abogan por la búsqueda de la «centralidad» y un entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas democráticas de España.