El actual diputado nacional -que vale la pena recordar fue electo en la lista oficial que hace dos años impulsó el mismo Gustavo Sáenz- ha sido entrevistado en un programa de radio y preguntado por los «ataques» que dice estar recibiendo durante la presente campaña electoral, sin referirse en ningún momento a la grave acusación de que ha sido objeto en relación con la titularidad de una cuenta bancaria no declarada con dinero en un país extranjero.
Al parecer, Emiliano Estrada ha descubierto muy recientemente que la refriega electoral no tiene por escenario un liceo de señoritas y que debe estar preparado para esperar de sus oponentes lo peor de sí mismos.
Lo que sí sabía Estrada de antemano -y dice «bancarse», aunque mucho no lo aparente- es que está peleando contra algo parecido al crimen organizado, un territorio de contornos bastante difusos en el que ha situado inequívocamente al gobernador Gustavo Sáenz, a quien ha dirigido el siguiente mensaje:
«Mi pregunta es a quienes hacen política, digamos, o a Gustavo Sáenz. Gustavo, ¿vos realmente creés que no hay límites en la política? ¿Realmente creés que vale todo, que el poder te puede cegar tanto como para atacar a un padre? Porque yo soy padre, soy hermano, soy esposo, soy hijo, soy sobrino, soy todo».
Pero si Estrada es partidario de poner «límites» a la política ¿no debería haber evitado calificar a sus ocasionales contradictores como «cuasimafiosos»?
Probablemente, la herida narcicista de Estrada le ha llevado a reinvindicar a sus parientes y a olvidarse de que Sáenz -como muchos otros políticos- también tiene esposa, hijos, primos, a los que no les debe de haber sentado nada bien que se los tilde de «cuasimafiosos», y sin aportar una sola prueba de ello.
El actual diputado nacional por Salta no ha dicho cuáles son los hechos criminales que atribuye a ese imaginario o no tan imaginario «poder cuasimafioso» que lo ataca sin piedad sin reparar en sus delicados lazos familiares. Es así que, imitando a su tocayo y colega Emiliano Durand, Estrada ha preferido lanzar la piedra y escamotear su mano de la vista de los fiscales, que son los que deberían investigar los delitos semi-sicilianos en que -según Estrada- «casi» habrían incurrido quienes ejercen el poder en la Provincia de Salta y quieren seguir ejerciéndolo, a pesar de los «republicanos» esfuerzos del muy familiero señor Estrada.
El problema es que Estrada no acaba de bajar del cerro, sino que ejerce como diputado nacional y por esta pequeña circunstancia está alcanzado de lleno por el artículo 267 inciso a) del Código Procesal Penal de Salta, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar los delitos perseguibles de oficio de los que tuvieran noticia con ocasión del ejercicio de su cargo.
De modo que si Estrada no se presenta ante los fiscales a denunciar lo que sabe o lo que dice saber, se estará colocando en una situación delicada que, a buen seguro, avergonzará más a sus numerosos parientes que el simple y olvidable hecho de recibir un ataque político en fechas cercanas a las elecciones.
