La presencia de los agentes internacionales no parece ser ni anecdótica ni adjetiva, y, muchos menos, «despreciable» como de algún modo sugiere el ataque dirigido por el ministro Federico Mangione a las organizaciones que trabajan en el norte provincial para reducir la pobreza y mejorar la salud de la población vulnerable.
A diferencia del ministro Mangione, la ONU sí destaca el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de las que dice han contribuido a desarrollar «estrategias para combatir la desnutrición aguda, implementando programas e inversiones sobre acceso al agua, movilizando recursos y alianzas públicos-privados».
Así pues, lo que Mangione entiende como una «intromisión» en el territorio, la ONU lo ha caracterizado como una valiosa colaboración.
Pero en el mismo informe internacional, al tiempo que se hace mención a los esfuerzos del Estado para corregir la situación, se expresa que «la dimensión de los problemas es tan importante que se sugiere la activación de un programa de atención socio económica con enfoque de derechos humanos y género que atienda a las necesidades insatisfechas para que los derechos humanos de estas poblaciones estén en el centro de la respuesta y sean respetados y promovidos».
Este enfoque, centrado en los derechos humanos, más que proclamar la inutilidad o la inconveniencia de la cooperación de organizaciones no gubernamentales, habla de la necesidad de promover este tipo de cooperación, en coordinación (y no en conflicto) con las actividades que desarrolla el gobierno en la misma dirección.
El 6 de febrero de 2020, por invitación del gobernador Gustavo Sáenz, Salta recibió a la primera misión de nivel estratégico encabezada por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, junto con la Representante de UNICEF, la Representante de OPS/OMS, funcionarios de ACNUDH, el Representante de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el Presidente de la Cruz Roja Argentina y el Responsable de Cooperación de la Comisión Europea.
En los tres años transcurridos desde aquella misión internacional, los recursos sanitarios de la Provincia de Salta -que de todos es conocido que son escasos- se han enfocado en la atención de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Si de algún modo no se han abandonado las iniciativas y agotado los recursos para atender los impactos de la emergencia y prevenir la agudización de la inseguridad alimentaria y de la falta de agua, ha sido por el compromiso de las mismas organizaciones a las que el ministro Mangione, ayer mismo, ha negado cualquier capacidad (o legitimidad) para enseñar a los salteños cómo hacer frente a sus propios problemas.