El descaro de las campañas promocionales de la figura de la intendenta ha llevado a algunos concejales municipales, como el señor José Gauffin, a calificar de «gasto inútil» las ingentes cantidades de dinero que la señora Romero emplea en el intento -ciertamente difícil- de reflotar su alicaída imagen pública.
La desusada premura y extensión de esta campaña de imagen contrasta con la actitud más prudente y reservada de los otros candidatos a ocupar el cargo que ahora ocupa la señora Romero. Unos candidatos que, por cierto, no tienen acceso a los recursos públicos municipales. No hay otro motivo -más que la inseguridad personal de la señora Romero y la falta de confianza en sus propias cualidades- que justifique, ni siquiera en apariencia, una campaña tan agresiva.
Gauffin ha dicho al respecto que esta imagen es «contraproducente» y ha remarcado que el «excesivo protagonismo» de la intendenta «no le hace bien a la gestión». El concejal ha explicado que la campaña publicitaria de la imagen de Romero se paga con «con plata de los vecinos, no con plata de ella». Con ese dinero -ha dicho Gauffin a Aries- «podríamos pavimentar barrios enteros».
Probablemente lo que más irrite a los ciudadanos que asisten inermes a este insólito despliegue de personalismo, es la flagrante violación de la ley 25.188, que establece normas éticas para el ejercicio de la función pública, cuyo artículo 42 dice exactamente lo siguiente: «La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos».
Lo que para Gauffin y muchos ciudadanos es evidente es que la Intendente Municipal de Salta gasta dinero público (imprescindible para atender, por ejemplo, las calamidades provocadas por los incendios forestales) en una promoción personal, que no solo está fuera de la ley, como se ha podido ver, sino que en nada beneficia a la administración municipal y menos contribuye al bienestar ciudadano.
El concejal Gauffin, en los límites de la resignación, ha dicho que «nunca hay una rendición de cuentas», «ni de dinero, ni de gestión, ni de resultados». Tal vez haya llegado la hora de sentar a la Intendenta en el banquillo de un juzgado para que dé explicaciones de su apartamiento de la ley y que los jueces decidan sobre su responsabilidad.
