La insólita revelación no compromete tanto al gobierno como a la Corte de Justicia, tribunal que cada tanto se esfuerza por recordar a propios y extraños que el ejercicio del poder de juzgar las controversias (entre ellas las constitucionales) le impide de forma absoluta ejercer competencias consultivas de ningún tipo.
Días pasados, el gobernador Gustavo Sáenz reconocía que el todavía Procurador General de la Provincia de Salta fue siempre «un hombre de consulta del gobierno», cuando la independencia de los poderes y el propio decoro personal de este magistrado le prohíben servir como rueda de auxilio del gobierno.
Y si el Gobernador se ufana de tener una asesora jurídica personal de altos vuelos, ¿por qué no se le ha consultado a ella y sí en cambio a los jueces de la Corte de Justicia? ¿Cómo se gana el sueldo entonces la señora Pamela Calletti?
Es del caso suponer que si el gobierno ha consultado a la Corte de Justicia un tema menor como el proyecto de «ficha limpia», es que con seguridad su proyecto de reforma de la Constitución también ha sido consultado con los altos magistrados.
Los convencionales constituyentes deberían exigir al señor Marocco que dé explicaciones sobre las «consultas» efectuadas por el gobierno a los jueces de la Corte de Justicia sobre la ley de «ficha limpia».
El Vicegobernador, si es que quiere no perder la poca credibilidad que tiene como constituyente, deberá revelar a la asamblea y a los ciudadanos de Salta cuándo se efectuaron las consultas y quién o quiénes las evacuaron.
Los constituyentes -y también los ciudadanos- deben preguntarse ya mismo, y con toda la seriedad del caso, si está capacitado para reformar la Constitución de Salta en el capítulo relacionado con la independencia del Poder Judicial aquel funcionario que reconoce haber dirigido «consultas» a un tribunal que no puede responderlas por imperativo constitucional.
