Sin embargo, analizando la composición interna del guarismo de febrero, puede suponerse que sus efectos se miden de un modo distinto desde el llano: el rubro de alimentos (cuya incidencia golpea todos los sectores y todas las regiones) no subió 0,2, sino 3,2 por ciento. En ese rubro, el comportamiento de la carne fue aún más inquietante; tuvo subas de entre 11 y 13 por ciento durante el mes: se trata de un indicador que en los hogares se lee más atentamente que la cotización del dólar MEP.
Quedaba incólume el segundo pilar programático del Presidente: el control del orden público, la erradicación de piquetes y manifestación y el dominio sobre las calles. El último miércoles el gobierno recibió en este sentido una valiosa ayuda de parte de quienes convirtieron la habitual protesta semanal de los jubilados (víctimas principales de la motosierra oficial) en una flamígera provocación: el incendio de móviles policiales y contenedores de residuos ofreció una excusa inmejorable para que el Ministerio de Seguridad exhibiera su decisión tantas veces proclamada de combatir el desorden a como dé lugar, con “cárcel o bala”, como suele resumir el diputado José Luis Espert. Patricia Bullrich fue premiada con un considerable elogio por Milei, que especula con emplearla a la cabeza de su boleta electoral.
Con una ayuda de mis amigos
Si la participación de elementos violentos de las hinchadas de fútbol (“barrabravas”) en la manifestación de los jubilados fue, como es plausible conjeturar, ocurrencia de algún sector de la política opositora, se trataría de otra patética prueba de desubicación. Esos personajes y los procedimientos agresivos y pendencieros solo despiertan rechazo público, de modo que si lo que pretendían los cráneos que lo imaginaron era perjudicar al gobierno, el resultado terminó siendo el opuesto: le ofrecieron al oficialismo la chance de resurgir como encarnación del orden (aunque debería cuidarse de la sobreactuación: golpear jubilados a mansalva, disparar contra manifestantes o trabajadores de prensa y detener ciudadanos sin causas específicas, como hicieron algunos miembros de las fuerzas de seguridad el miércoles, también son anomalías que la sociedad y la ley condenan. Ejercer la violencia es un delito, participar en una demostración, no).Ni calvo ni tres pelucas
Miembros del Poder Ejecutivo –Patricia Bullrich, Guillermo Francos- creyeron ver en los disturbios de aquel día “un intento de golpe contra el presidente Milei”. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en cambio, consideró que “la demostración es una forma de ejercicio de la democracia” y que “la violencia no es la herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa”. Ni calvo ni tres pelucas. No es ya sorpresa que haya miradas diferentes en lo que fue en otros tiempos la cúpula libertaria.Los dirigentes más astutos del oficialismo comprendieron el miércoles que los actos de violencia les otorgaban una palanca muy útil para cambiar una agenda que, desde que el Presidente se embarcó en el criptoemprendimiento $Libra, los venía arrinconando en una posición defensiva.
Después del criptogate se precipitó, dos días antes de que reabrieran las sesiones ordinarias del Congreso, la vidriosa designación por DNU de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema (dos expedientes que todavía están abiertos y amenazan convertirse en una derrota para el oficialismo). Luego vino la elección del decreto de necesidad y urgencia como vía para legalizar un acuerdo con el FMI que todavía está en barbecho. Sobre este DNU, Mauricio Macri, el jefe del principal aliado de parlamentario de los libertarios, opinó que “no ayuda a generar confianza” y “confirma la debilidad institucional”.
Inundación y obra pública
La catastrófica inundación que golpeó a Bahía Blanca se sumó a aquella retahíla de aflicciones. El gobierno, que un año atrás, ante otra calamidad sufrida por aquella ciudad bonaerense (un temporal arrasador), instó a los bahienses a buscar soluciones por su cuenta (“ustedes van a poder arreglar la situación”), esta vez tardó cinco días en ofrecer una ayuda más o menos dimensionada con las necesidades (200.000 millones de pesos) y en preparar una visita presidencial vertiginosa y de ínfimo contacto con los afectados.En primera instancia hubo una pulseada entre el gobierno central y el de la provincia de Buenos Aires, que reclamó recursos extraordinarios para la reconstrucción. Desde los ministerios de Seguridad y de Defensa del gobierno central se recurrió a la gestión de las fuerzas armadas y de seguridad, que fueron las primeras manifestaciones nacionales de la ayuda (logística, tendido de puentes, comunicaciones, etc). Con la presión de la catástrofe y el empuje silencioso de una opinión pública comprometida en una conmovedora movilización solidaria, finalmente ambos poderes se encontraron, momentáneamente, en el plano sensato de la cooperación.
Los acontecimientos están poniendo al gobierno ante la necesidad de revisar algunos puntos rígidos de su retórica. Una cosa es trabajar para bajar la inflación y reducir el déficit fiscal; otra, distinta (y que, sin duda, carece del consenso social que respalda estos puntos) es eliminar la obra pública o dejar desguarnecidas la educación y la salud públicas.
En relación con la obra pública, puede ser del caso sacar de la esfera estatal buena parte de las decisiones y canalizarlas hacia la acción privada, pero lo que no se puede es esperar que las estrategias se estructuren y materialicen espontáneamente, sólo libradas a la lógica de la oferta y la demanda. El poder central, los gobiernos provinciales y municipales deben cumplir sus responsabilidades como orientadores y articuladores de las acciones. Si hay iniciativa privada, bien; si no la hay, es el Estado el que debe promoverla o, eventualmente, tomar en sus manos, al menos provisoriamente, la tarea de coordinar o ejecutar obras prioritarias o asumir emergencias inaplazables.
Axel y el Fondo: nada de “pavadas”
El gobernador Axel Kicillof, que ha urgido al gobierno central a que abra la caja y emplee para Bahía “recursos que son de las provincias” (en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional previstos en la ley de Coparticipación Federal), agregó a la lista de pedidos uno que tiene mucha miga política y que no fue registado o entendido por la Casa Rosada (“Pavadas”, concluyó irreflexivamente el vocero Manuel Adorni).Lo que el gobernador había pedido era que “una parte del nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sea destinado para la reconstrucción de Bahía Blanca”. Si se afina el oído puede colegirse que Kicillof está dando una indicación sobre el acuerdo con el Fondo: quien pide que se lo use de determinada forma implícitamente lo está aceptando. Vale una comparación: Máximo Kirchner abandonó la jefatura de su bloque para no apoyar el acuerdo con el Fondo cuando presidía Alberto Fernández.
El pedido de Kicillof, con sus implicancias, parece parte de las “nuevas canciones” que el gobernador viene reclamando para una etapa postkirchnerista.
