Investigaciones en el país han señalado que uno de cada cuatro argentinos jóvenes presenta síntomas de ansiedad y depresión, y el riesgo de trastorno mental es más alto en los participantes de menor edad.
La relación entre salud mental y pornografía para niños y jóvenes es fundamental en el esquema antes descripto.
La exposición a contenido pornográfico, especialmente si contiene violencia, puede normalizar comportamientos perjudiciales, distorsionar la percepción de la sexualidad y las relaciones, y tener graves consecuencias psicológicas, sociales y, en casos extremos, legales.
Para empezar, tenemos una primera cuestión en el proceso de desarticulación de la psiquis infantil y es la “desensibilización” ante la violencia llegando a considerarse algo “normal” o incluso “excitante” en un contexto sexual. Al distorsionarse la realidad en una mente que está en pleno desarrollo y que empieza a conocer el mundo, crea expectativas irreales y creencias distorsionadas, no solo sobre la sexualidad, sino y más profundamente, sobre la afectividad.
Y las consecuencias se pueden ver a simple observación: Cambios emocionales como tristeza, irritabilidad, enojo. Pérdida de interés, cambios en los patrones de sueño y alimentación, bajo rendimiento escolar o ausencias inexplicables.
Disminución del cuidado personal o la higiene. Problemas de concentración, memoria o toma de decisiones.
Y por supuesto, todo estos cambios de conducta se multiplican con el consumo de estimulantes, alcohol y el pináculo de la destrucción, los estupefacientes.
Ante este flagelo, azorados, podemos observar cierta irresponsable y miopía social ya que existe una facilidad increíble de acceso por Internet y dispositivos móviles a contenido pornográfico en forma anónima, ilimitada, gratuita, sin control ni restricciones para los menores.
En cierto sentido, también se puede observar que todo el esfuerzo por implementar una educación afectiva y sexual ha sido insuficiente para dotar de herramientas a los niños y jóvenes para dar respuesta a su curiosidad, desarrollar un pensamiento crítico y moderar su consumo.
A todo esto, se suma, la falta de supervisión parental ya que muchos padres desconocen a qué tipo de contenido acceden sus hijos, incluso desde sus propios hogares y dispositivos.
Para sumarle más leña al fuego muchos de los sistemas nacionales de respuesta han sido desfinanciados y hasta suprimidos. En Buenos Aires, por ejemplo, varios hospitales públicos como el Hospital de Clínicas, Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Bonaparte, Hospital Borda, etc. tienen sus servicios de salud mental, incluyendo atención infantojuvenil, suprimidos y eliminados. Es incomprensible tanta perversidad en las medidas del achicamiento del gasto público.
Nos queda sólo estar muy atentos, es vital que ante cualquier señal de alarma, los padres, tutores o cualquier adulto de confianza busquen ayuda profesional. La intervención temprana puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño o adolescente que atraviesa por depresión o angustia a causa de hacerse adicto a la pornografía o el consumo de sustancias.
En resumen, es de cabal necesidad que esta sociedad, hipócrita y decadente que vivimos, tome conciencia de los peligros que hoy acechan a la niñez y a la adolescencia. Es crucial un enfoque multifacético que incluya: una mejor educación sexual integral proporcionando información precisa y adecuada a la edad sobre la sexualidad, las relaciones saludables y los riesgos de la pornografía. En segundo lugar, una mejor y adecuada comunicación abierta en la familia, fomentando un ambiente donde los niños y jóvenes se sientan seguros de hablar con sus mayores sobre lo que ven en Internet y cualquier duda o preocupación que tengan.
Exigir al Estado la implementación de herramientas tecnológicas efectivas para la supervisión activa del uso de dispositivos por parte de los menores. Fundamental es capacitar a los docentes y educadores de docentes sobre los peligros de la exposición temprana a la pornografía y su relación con la violencia.
Por último, legislación y aplicación de la ley contra la producción y distribución de pornografía y asegurar su cumplimiento.
