La grave derrota experimentada por el oficialismo en las PASO empujó a asumir un papel protagónico a los llamados poderes territoriales, al movimiento obrero y a los movimientos sociales. Pero, aunque comenzó a insinuarse un cambio (viaje de Juan Manzur a Estados Unidos e insistencia en que se cerrará el acuerdo con el FMI, conversaciones de Gustavo Béliz con la administración Biden; acto autónomo de la CGT con consignas que apuntan a reclamar acuerdo nacional y una política de producción y trabajo, de empleo genuino en lugar de planes; levantamiento del cepo a la exportación de carne, entre otras señales) todavía no hay una formulación categórica que exprese esos cambios.
La hora habrá llegado después del recuento del 14 de noviembre. La definición clara del rumbo implica, asimismo, que se perfile un liderazgo.
El país está preparándose para dar ese giro destinado a avanzar no contra la corriente, sino a favor de la realidad del mundo.
El desfile cegetista, al que se incorporaron los movimientos sociales, fue el preámbulo de la reunificación de la central que se consumará días antes de las elecciones. El mensaje sindical subrayó que "es tiempo de justicia social" y convocó a que el peronismo promueva "la alianza entre la producción y el trabajo a través de la profundización del diálogo social institucionalizado para elaborar los necesarios consensos".
El viento que sopla desde el peronismo tradicional, que se expresa en la presencia de Juan Manzur como virtual primer ministro, tiende a reemplazar el ideologismo por el realismo en el ejercicio del gobierno. El viaje de Manzur a Washington indica el interés por estrechar los lazos con Estados Unidos y refirmar el interés argentino por cerrar el acuerdo con el FMI.
El tema crucial, el gran separador de aguas, se llama, justamente, acuerdo con el FMI. El país tiene apenas unas semanas después del 15 de noviembre para tomar la largamente pospuesta decisión. A partir de abril, el año 2022 incluye vencimientos por más de 19.000 millones de dólares. Y 2023 tiene una exigencia del mismo monto. Pero antes de abril -en marzo- hay un vencimiento por 3590 millones de dólares. Los compromisos son impagables sin acordar con el Fondo una reprogramación: la falta de acceso del país a financiación en los mercados internacionales determina esa imposibilidad.
En los últimos días desde el gobierno y desde el ala cristinista del oficialismo se han exteriorizado posturas que parecen rechazar el acuerdo o, en su versión más moderada, las condicionalidades que previsiblemente impondría el Fondo. Parece un intento infantil de jugar con fuego, aunque debe tomarse en cuenta que aún se transita la campaña y que el discurso puede ser más un producto para consumo del público propio que una toma de posición duradera.
Alberto Fernández no conversó el último sábado, en Roma, con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo usando el tono y las consignas que empleó en el reciente homenaje a Néstor Kirchner. Y hasta quienes le diagnostican a la señora de Kirchner la enfermedad del ideologismo, admiten que ella sabe retroceder cuando comprende que el horno no está para bollos. Y no lo está.
Estas situaciones donde se juega al equilibrio en el borde se pueden desmadrar de un día para otro. Las crisis que obligó a Raúl Alfonsín a adelantar la entrega del poder en 1989 o la que concluyó abruptamente la presidencia de Fernando de la Rúa son ejemplos.
Esos casos se evocan últimamente ante la sospecha de que como efecto de una derrota dramática del oficialismo se produzcan hechos que hagan estallar la gobernabilidad.
La Argentina es un país de instituciones débiles, en el que, sin embargo un traspié institucional puede contenerse y sostenerse a condición de que haya poder político. En julio de 1989, cuando la hiperinflación suscitó crisis social y saqueos y se convirtió en insoportable para el gobierno de Raúl Alfonsín al que aún le restaban seis meses, el sistema político pudo dar una respuesta porque ya había un presidente electo y éste contaba no sólo con la legitimidad de su victoria en las urnas, sino que ostentaba una gran legitimidad en su propia fuerza, pues había alcanzado la candidatura a través de un multitudinaria comicio interno del que participaron casi dos millones de afiliados al justicialismo. La crisis se pudo contener porque hubo un traspaso anticipado del gobierno: ese anticipo -institucionalmente heterodoxo- apoyado en un poder político que tenía solidez, legitimidad y consenso permitió surfear la crisis y consolidar sobre la marcha el edificio institucional.
El certificado de gobernabilidad que aportaba entonces Carlos Menem estaba dado no sólo por haber triunfado en la elección general sino por el poder político que emanaba de la autoridad democráticamente sostenida por su propio partido.
La legitimidad del gobierno de Alberto Fernández, aunque incuestionable por su triunfo de 2019, arrastra una debilidad de origen: su candidatura dependió de un solo voto, el de una persona qué internamente había sido vetada por el conjunto de su fuerza y sobrellevaba una altísima cuota de rechazo social, factores que lúcidamente la llevaron a declinar una candidatura propia.
Por detrás o a los costados del escenario electoral se puede detectar una convergencia de fuerzas que -cada una desde su perspectiva, aunque algunas de ellas interrelacionadas- trabajan para evitar que la Argentina se interne por un camino de aislamiento y decadencia.
Es plausible pensar que esa composición de factores contribuirá a que, a partir del 15 de noviembre, prevalezca la influencia de los sectores más racionales y empiecen a perfilarse con claridad un nuevo liderazgo y un programa adecuado a las circunstancias. Es decir, en condiciones de garantizar gobernabilidad y crecimiento durante los dos años que restan del actual período de gobierno.
El motor de esa búsqueda es, en realidad, como en otras ocasiones históricas, el miedo al vacío, la presencia de una crisis amenazante que la pandemia agravó pero que la precede, pues ha venido ahondándose en las últimas décadas y bajo gobiernos de distinto signo.
La inflación persistente, la pobreza creciente que ya no puede disimularse con planes sociales, las imprescindibles reformas que alienten la inversión, la productividad y el empleo genuino son puntos esenciales que requieren políticas de Estado y que requerirán ser acordados después de la contabilidad electoral. El punto central de ese nudo reside en la necesidad de acordar con el FMI.
En muchas ocasiones esa búsqueda política obtiene un premio tardío: es admitida después de que la gran crisis ya se ha desatado y cuando las medicinas que antes eran rechazadas a priori pasan a considerarse menos agresivas que las que la crisis proporciona sin receta alguna.
A partir del 15 de noviembre veremos si también esta vez hay que pagar ese precio.
