Más recientemente, la confirmación de que un festival de este tipo, que se celebra todos los años en la frontera con países vecinos, fue promocionado de forma oficial (esto significa por sus propios organizadores) a través de una imagen sexista denigrante, lleva a preguntarse si es razonable que el gobierno provincial siga apostando a estas formas tan primitivas de «cultura popular».
Con miras a este objetivo, no podrá pasarse por alto la afirmación de una organización de mujeres, que al reaccionar con dureza contra el anuncio sexista y racista del Festival Trichaco 2022 ha escrito que el folklorista estrella de este acontecimiento -un aliado estructural de los gobiernos provinciales anteriores al presente- es en realidad un ícono del macho rural violento [sic].
Festivales de este tipo sirven para calmar de algún modo a los intendentes municipales más irresponsables, porque les confieren protagonismo y le proporcionan rentas. Sin embargo, no sirven para promocionar a las ciudades y a los pueblos en los que se realizan, pues en una enorme mayoría de casos sus habitantes son las víctimas de los abusos y excesos que enumeramos en el encabezamiento de este escrito.
El gobierno debe tomar cartas en el asunto, comenzando por suspender inmediatamente el apoyo financiero directo o indirecto a estas expresiones pseudopopulares y pseudoculturales. Debería seguir exigiendo que la iniciativa privada no invoque finalidades solidarias que no se cumplen, o que transfieren a los necesitados una parte despreciable de los beneficios obtenidos. Y lograr, por último, que los organizadores de los festivales se encarguen de pagar su propia seguridad (incluidas las carreteras) y asumir todos los quebrantos provocados por el solo hecho de la celebración del festival.
Debería también el gobierno provincial desalentar los reclamos publicitarios de contenido racista, xenófobo o sexista, exigiendo una promoción transparente, respetuosa de las mujeres y de cualquier otra minoría social desfavorecida, y que de ningún modo propiciara el consumo de alcohol o de otras sustancias.
Desde luego, debería controlar también que ningún funcionario o empleado a sueldo del Estado participe, aun a título particular, en la organización de festivales en los que se cometen este tipo de abusos, y juzgar inmediatamente su responsabilidad administrativa a la luz de la normativa vigente.
No se trata de ahogar la iniciativa privada sino de poner por delante el interés general, para defender la convivencia y evitar, en lo posible, la lesión de derechos que son anteriores y prevalentes a cualquier libertad en materia económica o cultural.
