Los fiscales penales tienen rigurosamente prohibido, por ley, adelantar juicios de culpabilidad de cualquier naturaleza, antes de la oportunidad procesal prevista en el artículo 263 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta. Esta oportunidad no es otra que el acto de requerimiento de remisión de la causa a juicio.
Por tanto, es necesario preguntarse por qué los fiscales provinciales que ordenaron y consumaron el registro domiciliario de la vivienda del intendente Rubén Méndez Salazar han salido tan rápidamente -y en contra del mandato legal- a efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o la culpabilidad del intendente Méndez, de su familia y de sus allegados en una serie de delitos cuyo detalle preciso aún no se conoce.
En esta etapa tan preliminar del proceso, jamás puede haber certezas absolutas sobre los hechos y sobre sus responsables. No se trata de un homicidio confesado, sino de delitos económicos de extraordinaria complejidad, en los que las cosas nunca son blancas o negras ni se pueden apreciar con claridad a las primeras de cambio.
Esta precipitación de los fiscales induce a pensar que en la exhibición de los bienes y caudales secuestrados en el allanamiento hay otras motivaciones que no son exactamente las que determinan la actuación de los magistrados en la persecución de los delitos.
Pero ¿cuáles son estas motivaciones?
Tan en pañales se encuentra la investigación, que los fiscales ni siquiera han podido establecer una conexión directa entre el cuantioso patrimonio del intendente Méndez y el detrimento de las arcas públicas. Si los fiscales estuvieran seguros de que el Intendente se apropió indebidamente de dinero público, esta es la hora que se habría librado una orden para su detención. Pero esto no ha ocurrido. Méndez sigue en libertad.
Que los intendentes (y no solo ellos) favorecen a amigos, parientes y conocidos con cargos públicos, contrataciones y otras prebendas es un fenómeno bastante conocido y, lamentablemente, generalizado. El nepotismo y el amiguismo se produce no solo en Salvador Mazza, sino en el corazón de la Administración central del Estado provincial, y de este fenómeno corrosivo no es ajeno el propio Ministerio Público Fiscal, que hace la vista gorda en un 99% de los casos.
Y si no es la corrupción política lo que está en el centro del expediente penal contra el intendente Méndez, no queda otra salida que pensar que lo que los fiscales han hecho es exhibir los bienes secuestrados para que «el gran público» vea, como si se tratara de un documental de Netflix sobre narcos, la vida rumbosa que lleva el intendente municipal de un pueblo fronterizo, castigado además por la pobreza y la informalidad económica.
«Algún delito habrá. Eso seguro». Así piensan los fiscales, que no es la primera vez que van desde el presunto culpable a las pruebas, antes que recorrer el camino inverso, que es el que le señalan las leyes y el sentido común.
Lo que han querido los fiscales, con la complicidad del gobierno, es criminalizar la riqueza de un individuo, porque en Salta solo pueden ser ricos (aunque hayan robado a manos llenas) determinadas personas y determinadas familias muy bien conocidas, a las que nunca se le meterán en sus casas, se revisarán sus cajas fuertes, se fotografiarán sus sillones y se llevarán televisores, automóviles y dinero en efectivo.
¿Qué hace semejante riqueza en un pueblo de frontera tan triste y desangelado como Salvador Mazza? ¿Por qué esos potentes BMW no están esquivando pozos en las calles de Salta? ¿Por qué este señor tiene unos apretados fajos de euros que a nosotros nos faltan?
Los fiscales no han intentado criminalizar la riqueza por pura casualidad, para que la gente honrada experimente una razonable indignación, sino más bien para que los que son menos honrados y esperan pacientemente su oportunidad de corromperse digan: «¿Por qué este tipo (que no parece ser muy diferente a mí) tiene esas potentes camionetas y yo todavía ando empujando mi Renault 12?»
Los mismos fiscales, que viven de un sueldo en pesos que se devalúa cada día y que se mueven en vehículos mucho más modestos deben mirar de reojo toda esa riqueza.
Todo esto nos enseña que tener más de lo que uno necesita (para esta vida y para la próxima) no solo es una inmoralidad (porque si hay miseria, por lo menos que sea pareja) sino que también constituye la base para una acusación penal. Todos somos delincuentes, hasta que tengamos la suerte de probar lo contrario.
Porque, para qué engañarnos, ¿quién acumula tantas riquezas en un pueblo caído del mapa como Salvador Mazza?
La pérdida de ‘credibilidad’
Para terminar de cerrar esta apasionante serie de Netflix, ha tenido que salir el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada (sorprendentemente rebautizado como Carlos), a decir que «el gobierno interpreta que se ha dañado la credibilidad del intendente y por tanto entiende que no debe seguir en sus funciones».Si bien la «credibilidad» no figura en la Constitución de Salta como requisito para ejercer ningún cargo público, lo que corresponde preguntarse es por qué el gobierno tiene que ejercer de juez de la credibilidad de los intendentes municipales.
¿Acaso los que gobiernan la Provincia (pongamos como ejemplo al propio ingeniero Villada) son más «creíbles» que el intendente Méndez?
El mismo Gustavo Sáenz fue electo con los votos del macrismo salteño y han tenido que pasar solo unos cuantos meses para que se convierta en kirchnerista de la vieja escuela. ¿A esto le llamamos credibilidad?
Con el criterio de la «credibilidad», la autonomía municipal no vale un centavo en Salta. El gobierno puede destituir a los intendentes a su antojo. Les basta con decir: «el gobierno interpreta que el intendente tiene mal aliento y por tanto entiende que no debe seguir en sus funciones».
Méndez -Intendente Municipal de Salvador Mazza- fue defenestrado por el «gobierno intérprete» del ingeniero Villada, mucho antes de que alguna autoridad pudiera demostrar que ha cometido delitos.
El Intendente puede ser un contrabandista serial, o un corrupto de revólver en el cinto, que al gobierno solo le interesa si conserva o no su «credibilidad».
